Ex concertacionistas responden carta a históricos DC, y los acusan de obstruir avance de reformas
Esta petición la realizaron Mariana Aylwin, Eduardo Aninat y Jaime Lavados, entre otros, en medio del impasse por la marginación del ministro del Interior, Jorge Burgos (DC), del viaje de la Presidenta, Michelle Bachelet, a La Araucanía, a fines del año pasado.
A una semana de hacerse pública la primera misiva a través de "El Mercurio", la respuesta provino de ex concertacionistas como Gonzalo Martner, Carlos Ominami y Francisco Vidal. Y lo hicieron mediante el texto "No puede haber progreso sin progresismo". A esta redacción se sumaron Enrique Dávila, Gloria de la Fuente, Gonzalo Navarrete, Rafael Urriola y Raúl Vergara.
En cuatro carillas, se plantea -entre otros aspectos- la existencia de una actitud sistemática de sectores de la DC y de otras fuerzas políticas por obstruir en el Parlamento la realización del programa de reformas impulsado por el Ejecutivo.
Un grupo de personas vinculadas a la Democracia Cristiana
ha tenido el mérito de plantear una discusión de fondo sobre las reformas emprendidas por el actual gobierno en el documento "Progresismo sin progreso". Esta discusión es necesaria frente a la sistemática actitud de sectores del PDC -y también en menor medida de otras fuerzas políticas- que, no obstante haber firmado el programa de gobierno de Michelle Bachelet y ocupar numerosos y muy relevantes cargos en su administración, obstruyen en el Parlamento la realización de este programa de reforma y han hecho muy difícil la tarea de la Presidenta.
El segundo gobierno de la Presidenta Bachelet se inauguró con un claro sello reformista apoyado por el 62% de los votos obtenidos en las urnas.
Se comprometió a establecer una nueva Constitución que sustituyera a la de 1980, que aunque muy reformada desde 1990, sigue teniendo un sello autoritario y una carencia de legitimidad que las significativas enmiendas de 2005 no subsanaron, propuesta frente a la cual los conservadores de la coalición han actuado para procurar que en el actual gobierno no se produzcan avances significativos.
Al mismo tiempo, la Presidenta Bachelet se propuso llevar adelante una reforma que hacia 2018 permitiera un incremento de 3% del PIB de la carga tributaria en base a impuestos a las utilidades empresariales y al consumo de alcohol, tabaco y actividades contaminantes. La introducción de un impuesto efectivo y completo a las utilidades no prosperó en la propia coalición de gobierno en el Senado y se produjo un acuerdo con la oposición que consagró cuatro sistemas...
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