Ex altos oficiales de las FF.AA. fijan ejes que deberían tener las reglas del uso de la fuerza
| Fecha de publicación | 23 Marzo 2024 |
Alcaldes, gobernadores e incluso representantes de Apruebo Dignidad han sugerido lo favorable que sería la colaboración de las FF.AA. en labores de control del orden público, en el contexto de la crisis de inseguridad.
Pero, para ese despliegue se requiere dar rango legal a las reglas del uso de la fuerza (RUF) que actualmente las norma un decreto; por lo que al momento de invocar un eximente de responsabilidad, no siempre es a favor de la legítima defensa privilegiada de los uniformados que, de manera supletoria, se ha dicho está incorporada en la Ley Naín-Retamal.
En ausencia de la participación de los auditores generales de las FF.AA. y sus homólogos de Carabineros y la PDI en la discusión hasta ahora, "El Mercurio" consultó a ex altos uniformados sobre los aspectos esenciales que deberían contener las RUF en trámite.
Entre los ejes a incluir, el ex comandante en jefe del Ejército Ricardo Martínez sugiere que "las reglas del uso de la fuerza tienen que tener lo necesario para que el seguimiento estricto por parte de los soldados de ese procedimiento no les produzca consecuencias legales", enfatizando que al final del día, si hay una regla, esta tiene que explícita y "no ser confusa".
"En síntesis -prosigue Martínez-, para las personas que no somos abogados, lo que interesa del procedimiento establecido por ley, es que el soldado que lo haya seguido estrictamente no tenga consecuencias legales. Que se investigue todo lo que se quiera investigar. Pero si el soldado finalmente actúa en consecuencia, que no tenga ningún efecto legal. Porque si lo tiene o es confuso, es probable que el soldado no actúe".
Ex auditor general
De la asistencia a las comisiones unidas, Cristián Araya, ex auditor general de la Armada, explicó: "Lo que ocurre es que los auditores de las Fuerzas Armadas están subordinados al poder político, al poder civil, especialmente en esta materia. Por lo tanto, los auditores de las Fuerzas Armadas no pueden asistir si no es con instrucciones y autorizaciones expresas desde el ministro de Defensa. Y en ese caso, están actuando como asesores del Ministerio de Defensa en materia jurídica. La ley así lo establece".
Añade el exmiembro de la Marina, que "el proyecto tiene decenas de conceptos subjetivos, principios, normas, regulaciones, reglamentos, etapas, escalamientos, etcétera, que hacen inoperante el uso de las armas. Porque el soldado se tiene que enfrentar a una situación extrema, en un segundo. Hablamos a procesar todo esto".
Además, agrega Araya...
Pero, para ese despliegue se requiere dar rango legal a las reglas del uso de la fuerza (RUF) que actualmente las norma un decreto; por lo que al momento de invocar un eximente de responsabilidad, no siempre es a favor de la legítima defensa privilegiada de los uniformados que, de manera supletoria, se ha dicho está incorporada en la Ley Naín-Retamal.
En ausencia de la participación de los auditores generales de las FF.AA. y sus homólogos de Carabineros y la PDI en la discusión hasta ahora, "El Mercurio" consultó a ex altos uniformados sobre los aspectos esenciales que deberían contener las RUF en trámite.
Entre los ejes a incluir, el ex comandante en jefe del Ejército Ricardo Martínez sugiere que "las reglas del uso de la fuerza tienen que tener lo necesario para que el seguimiento estricto por parte de los soldados de ese procedimiento no les produzca consecuencias legales", enfatizando que al final del día, si hay una regla, esta tiene que explícita y "no ser confusa".
"En síntesis -prosigue Martínez-, para las personas que no somos abogados, lo que interesa del procedimiento establecido por ley, es que el soldado que lo haya seguido estrictamente no tenga consecuencias legales. Que se investigue todo lo que se quiera investigar. Pero si el soldado finalmente actúa en consecuencia, que no tenga ningún efecto legal. Porque si lo tiene o es confuso, es probable que el soldado no actúe".
Ex auditor general
De la asistencia a las comisiones unidas, Cristián Araya, ex auditor general de la Armada, explicó: "Lo que ocurre es que los auditores de las Fuerzas Armadas están subordinados al poder político, al poder civil, especialmente en esta materia. Por lo tanto, los auditores de las Fuerzas Armadas no pueden asistir si no es con instrucciones y autorizaciones expresas desde el ministro de Defensa. Y en ese caso, están actuando como asesores del Ministerio de Defensa en materia jurídica. La ley así lo establece".
Añade el exmiembro de la Marina, que "el proyecto tiene decenas de conceptos subjetivos, principios, normas, regulaciones, reglamentos, etapas, escalamientos, etcétera, que hacen inoperante el uso de las armas. Porque el soldado se tiene que enfrentar a una situación extrema, en un segundo. Hablamos a procesar todo esto".
Además, agrega Araya...
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