Establece el Sistema de Elecciones Primarias para la nominación de candidatos a Presidente de la República, Parlamentarios y Alcaldes.
| Fecha | 06 Septiembre 2011 |
| Fecha de registro | 06 Septiembre 2011 |
| Número de Iniciativa | 7911-06 |
| Etapa | Tramitación terminada Ley Nº 20.640 (Diario Oficial del 06/12/2012) |
| Materia | SISTEMA DE ELECCIONES PRIMARIAS |
| Cámara Legislativa de Origen | Mensaje,Cámara de Diputados |
| Tipo de proyecto | Proyecto de ley |
MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA DE ELECCIONES PRIMARIAS PARA LA NOMINACIÓN DE CANDIDATOS A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, PARLAMENTARIOS Y ALCALDES.
SANTIAGO, 05 de septiembre de 2011
MENSAJE Nº 119-359/
Honorable Cámara de Diputados:
A S.E. EL
PRESIDENTE
DE LA H.
CAMARA DE
DIPUTADOS.
En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente proyecto de ley que establece el Sistema de Elecciones Primarias para la nominación de candidatos a Presidente de la República, Parlamentarios y Alcaldes. I.ANTECEDENTES PRELIMINARES.Como es bien sabido, nuestro país protagonizó hace más de dos décadas un proceso de transición desde el autoritarismo a la democracia considerado en muchos sentidos ejemplar y que, por lo mismo, ha sido generalmente objeto de orgullo dentro de nuestras fronteras y de reconocimiento más allá de ellas. Dicho proceso estuvo marcado por acuerdos amplios y un ritmo gradual, que le aseguraron un desarrollo pacífico y ordenado, así como un alto nivel de estabilidad a las nuevas instituciones conformadas. La aprobación de las leyes políticas a partir de 1987, el plebiscito presidencial de 1988, las reformas constitucionales acordadas y aprobadas por medio de otro plebiscito en 1989, las elecciones presidenciales y parlamentarias de ese mismo año, la transmisión pacífica del mando a un Presidente elegido en 1990 y la aprobación y celebración de elecciones municipales en 1992, son seguramente los hitos más remarcables de ese proceso.
Aunque por entonces se sostuvo que la transición había concluido, era evidente que aún faltaban muchas reformas para que la nuestra pudiera convertirse en una democracia homologable a las mejores del planeta. Tal cosa sólo aconteció en 2005, cuando se aprobó, fruto de un nuevo acuerdo amplio y transversal, un importante conjunto de modificaciones constitucionales. Entre ellas se contaron la que terminó con los senadores designados y vitalicios; aquélla que convirtió al Consejo de Seguridad Nacional en un órgano asesor del Presidente de la República; la que cambió la forma de designación de los miembros del Tribunal Constitucional, poniendo fin a la intervención en ella del Consejo de Seguridad Nacional, y la que eliminó la Inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y del General Director de Carabineros.
Sin embargo, la construcción democrática es una tarea que no puede darse nunca totalmente por concluida, pues siempre resulta necesario profundizar y perfeccionar dicho sistema político y ponerlo a tono con las nuevas exigencias que plantea cada generación.
Sin duda el funcionamiento de nuestra democracia a lo largo de los últimos veintiún años merece una evaluación muy positiva, dado que ha mostrado gran estabilidad, a la vez que la flexibilidad necesaria para evolucionar y permitir la alternancia entre diferentes coaliciones gobernantes, y ha servido para encauzar de modo generalmente exitoso el progreso del país.
No obstante lo recién afirmado, la urgente necesidad de seguir perfeccionando nuestras instituciones democráticas es hoy ampliamente aceptada. Los signos preocupantes son varios. Uno de ellos es la decreciente participación en los procesos electorales. Así, si en el plebiscito de 1988 votó el 88% de la población en edad de sufragar, en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2009 lo hizo sólo el 60%. Otro antecedente es el envejecimiento del padrón. Si en 1988 los menores de 30 años conformaban más de un tercio de los inscritos en los registros electorales, en 2009 habían pasado a menos de un décimo. Y, tal vez, el más inquietante de todos es el bajo nivel de confianza que las personas muestran hacia las diferentes instituciones políticas y, muy especialmente, hacia los partidos políticos.
La encuesta sobre Auditoría de la Democracia, efectuada por el Consorcio de Centros de Estudios entre septiembre y octubre de 2010, mostró que sólo un 15% de los chilenos tiene mucha o bastante confianza en los partidos políticos, mientras que en la encuesta del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC) de mayo del año curso, esa cifra llegó apenas al 11%.
Por otra parte, las recientes manifestaciones masivas que hemos visto en nuestro país, aunque son ciertamente un signo saludable de una democracia madura, con una ciudadanía exigente y empoderada, también han mostrado un preocupante deterioro de la función de intermediación entre las demandas e inquietudes de individuos y grupos y el Estado, que tradicionalmente han cumplido los partidos políticos y que es imprescindible para el buen funcionamiento de la democracia.
Esta pérdida de confianza en las instituciones políticas y en los partidos responde en buena medida a una cierta crisis de representatividad. En efecto, aunque los ciudadanos pueden tomar parte, a través de diferentes sistemas electorales, en la elección del Presidente de la República, de los Senadores y Diputados y de los Alcaldes y Concejales, a menudo tienen la impresión que sus opciones se restringen a aquellas que un reducido número de dirigentes políticos les presenta. Ello favorece la idea de una élite política más bien cerrada y con fuerte tendencia a la reproducción endogámica, a la que, a menudo injustamente, se percibe más interesada en la preservación de su propio poder que en el progreso del país.
Así, según la ya citada encuesta sobre Auditoría de la Democracia, un 46% “cree que la mayoría de los políticos están en la política sólo por lo que puedan obtener personalmente de ella”.
Por lo anterior, es fundamental volver a nuestras instituciones políticas más participativas y transparentes, para de ese modo incrementar la confianza de los ciudadanos en ellas y resolver la apuntada crisis de representatividad.
Tal objetivo no se conseguirá a través de una medida aislada y por eso el Gobierno ha preparado una completa agenda de reformas políticas, que incluye medidas como la inscripción automática y el voto voluntario, la elección directa de los Consejeros Regionales, la iniciativa ciudadana de ley y el incentivo a la realización de plebiscitos comunales. Esa agenda ofrece una buena ocasión para que el Congreso Nacional sea, una vez más, el lugar donde, luego de una amplia y razonada discusión, se fragüen los acuerdos necesarios para seguir perfeccionando nuestras instituciones políticas.
Pero, sin duda, una de las medidas que consideramos más relevantes para el cumplimiento del propósito deseado es la institución de un sistema de primarias voluntarias y vinculantes para la selección de los candidatos a la mayoría de los cargos de elección popular. Con ello se dará cumplimiento, por lo pronto, a lo establecido en el número 15 del artículo 19 de la Carta Fundamental, al que la Ley de Reforma Constitucional N° 20.414, de 28 de diciembre de 2009, incorporó lo siguiente: “Una ley orgánica constitucional establecerá un sistema de elecciones primarias que podrá ser utilizado por dichos partidos para la nominación de candidatos a cargos de elección popular, cuyos resultados serán vinculantes para estas colectividades, salvo las excepciones que establezca dicha ley. Aquellos que no resulten elegidos en las elecciones primarias no podrán ser candidatos, en esa elección, al respectivo cargo.”.
Las elecciones primarias, reguladas por ley, permitirán que la selección de candidatos se haga de un modo más trasparente, competitivo, y participativo. Los ciudadanos podrán conocer mejor el modo en que se escogen los candidatos, a menudo podrán expresar su voluntad dentro de tales procesos y previsiblemente se producirá una mayor renovación de las autoridades y dirigentes políticos, que abrirá a los partidos a las inquietudes de los ciudadanos y hará que éstos se sientan mejor representados.
En suma, un sistema de primarias para la selección de candidatos a cargos de elección popular, incrementará la libertad de elección de los ciudadanos, a la vez que contribuirá a una mayor igualdad de oportunidades en el acceso a tales cargos, todo lo cual ofrecerá incentivos apropiados para el surgimiento de una dirigencia política mejor, más renovada y más sintonizada con la ciudadanía, lo que, a su turno, debería contribuir a contar con una democracia de mejor calidad.
Cabe destacar que el sistema de primarias que proponemos es, tal como prevé...
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