Establece reforma tributaria hacia un pacto fiscal por el desarrollo y la justicia social
| Fecha | 07 Julio 2022 |
| Fecha de registro | 07 Julio 2022 |
| Número de Iniciativa | 15170-05 |
| Etapa | Primer trámite constitucional (C.Diputados) Primer informe de comisión de Hacienda |
| Cámara Legislativa de Origen | Mensaje,Cámara de Diputados |
| Tipo de proyecto | Proyecto de ley |
MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY DE REFORMA TRIBUTARIA HACIA UN PACTO FISCAL POR EL DESARROLLO Y LA JUSTICIA SOCIAL.
Santiago, 07 de julio de 2022.
MENSAJE Nº 064-370/
A S.E. EL
PRESIDENTE
DE LA H.
CÁMARA DE
DIPUTADAS Y
DIPUTADOS
Honorable Cámara de Diputadas y Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley de reforma tributaria hacia un pacto fiscal por el desarrollo y la justicia social.
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El rol de los impuestos y un pacto fiscal tributario
Los impuestos constituyen uno de los mecanismos más relevantes en la relación entre las y los ciudadanos y el Estado. Como sociedad, aportamos al bienestar general a través del pago de impuestos y el Estado, a su vez, tiene la responsabilidad de usar los recursos de manera eficiente y transparente. Uno de los elementos más importantes en la construcción de un pacto social duradero, estable y que entregue certezas a trabajadores y trabajadoras, inversionistas, y a la ciudadanía en general, es alcanzar un pacto fiscal legítimo, en que las personas perciban que están pagando los impuestos que corresponden y que el resto también lo está haciendo, mientras que el Estado utiliza los recursos con cuidado.
Así, un buen pacto fiscal y tributario debe recoger amplios consensos sociales respecto a la carga tributaria de personas y empresas, su distribución, y el uso de los recursos.
En nuestro país, dicho pacto no ha alcanzado la legitimidad necesaria para sostenerse en el largo plazo. Ello nos ha llevado a discutir sucesivas reformas tributarias, sin haber logrado aún estos consensos amplios.
En tal contexto, esta iniciativa no se enfrenta a un desafío puramente recaudatorio. Por el contrario, ella pretende atender las causas que han impedido la construcción de acuerdos en esta materia, minando la confianza de las personas en las instituciones fiscales y dificultando la necesaria certeza que un sistema tributario debe brindar de cara a la economía y a las personas, que en definitiva se benefician con una recaudación previsible y estable.
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Diagnóstico
Nuestro país tiene una estructura impositiva atípica, que redunda en un sistema poco progresivo y con importantes brechas en términos de recaudación y equidad. Así lo confirma un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (“OCDE”)1 al consignar que nuestra estructura tributaria es la que más se aleja del promedio de la OCDE, tanto en sus niveles de recaudación como en la importancia que cada componente representa sobre el total de recaudación. Se concluye lo anterior a partir de un índice que mide la dispersión en la composición de la carga tributaria en todos los tipos de impuestos (ingreso personal, renta de empresas, contribuciones a la seguridad social, nómina de la fuerza de trabajo, a la propiedad y a los bienes y servicios), el que da cuenta de que Chile es el país con un mayor índice de dispersión. Ello se explica por una brecha significativa en la tributación sobre ingresos personales y a la propiedad, entre otros.
Los impuestos a las personas recaudan en Chile solo un 2% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que, en promedio, en la OCDE alcanzan un 8,4%% del producto (2018), es decir, más de 4 veces más.
Por su parte, la recaudación por Impuesto al Valor Agregado (IVA) representa más del 40% de nuestros ingresos tributarios, mientras que en los países de la OCDE no supera un 30% en promedio. Ello tiene implicancias en materia de justicia tributaria, pues las personas de más bajos recursos destinan una mayor parte de sus ingresos al pago de este impuesto –que en nuestro país es el principal instrumento recaudatorio del Estado– mientras que para las personas de altos ingresos, esta contribución tiende a ser proporcionalmente mucho menor.
Junto con estas diferencias cuantitativas, se aprecian diferencias importantes en materia de cumplimiento y efectividad tributaria, que hacen que la evasión y elusión se encuentren entre el 4,4% y el 7,5% del PIB, de acuerdo a trabajos académicos e informes de organismos internacionales2.
El resultado de todos estos factores es conocido por todos y todas: las personas de más altos ingresos soportan cargas tributarias proporcionalmente más bajas que el resto de la población, como resultado de sus mayores capacidades de planificación tributaria y de una estructura impositiva que descansa sobre tributos regresivos como el IVA.
Esta falta de justicia tributaria explica en parte la ausencia de legitimidad de nuestro pacto fiscal. Ello, a su vez, afecta el correcto funcionamiento del sistema al generar un sentimiento negativo en la sociedad hacia el rol de los impuestos, bajando la propensión al cumplimiento.
Las personas consideran que la progresividad es un componente importante del sistema tributario, y condenan especialmente la evasión y elusión como expresión de abuso y desigualdad. En este sentido, datos de la Encuesta Nacional sobre Cultura Tributaria en Chile, del año 2021, muestran que el 74% de las personas cree que el Estado debe reducir las desigualdades de ingresos, al mismo tiempo que un 63% manifiesta que no hay justicia en la distribución de las cargas tributarias, y un 78% piensa que hay muchos vacíos en favor de los más ricos para no pagar impuestos. Como se verá más adelante, los resultados de esta encuesta coinciden con lo que han expresado las personas en los Diálogos Sociales de la reforma tributaria.
En este contexto, la reforma busca atender las inequidades explicadas a través de un nuevo sistema tributario que distribuya de mejor manera las cargas entre las personas, en proporción a sus capacidades y recursos, reduciendo a la vez los espacios de defraudación que sólo benefician a quienes tienen los recursos para aprovecharlos.
Asimismo, la reforma busca acercar nuestro sistema tributario a otros sistemas típicos de países desarrollados. A nivel agregado, y como resultado de las brechas por instrumento que describíamos con anterioridad, nuestra carga tributaria es significativamente menor que la de los países de la OCDE –tanto en la actualidad como en el momento en que dichos países tenían el PIB per cápita actual de Chile. Si incluimos en la carga total obligatoria las cotizaciones al sector privado –como sugiere la OCDE-, nuestra brecha es de casi -8 puntos del PIB respecto a la media de la OCDE.
Todo lo anterior implica que no sólo es posible y necesario avanzar en la construcción de un sistema tributario más justo, sino que además hay espacio para elevar nuestra carga impositiva, con efectos positivos sobre el gasto, la responsabilidad fiscal y, en definitiva, el bienestar de las personas. Tal como indica la OCDE, “pocos países han alcanzado un alto nivel de prosperidad económica con una carga tributaria baja”3.
Lo anterior se vuelve aún más relevante en el contexto que ha caracterizado a nuestro país en los últimos años, en que justas demandas por una ampliación de los derechos sociales y la implementación de un Estado de Bienestar han ocupado la mayor parte de nuestra agenda política y social.
Por ello fue que, incluso antes de asumir este Gobierno, nos comprometimos a llevar a cabo una verdadera transformación del sistema tributario a través de un nuevo régimen de impuesto a la renta,...
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