Establece un plazo en las inhabilidades previstas en el artículo 74 de la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, para los cargos que indica.
| Fecha | 06 Marzo 2007 |
| Número de Iniciativa | 4876-06 |
| Fecha de registro | 06 Marzo 2007 |
| Etapa | Archivado |
| Materia | INHABILIDADES, MUNICIPIOS |
| Autor de la iniciativa | Chahuán Chahuán, Francisco, De Urresti Longton, Alfonso, Enríquez-Ominami Gumucio, Marco, Forni Lobos, Marcelo, Insunza Gregorio de las Heras, Jorge, Lorenzini Basso, Pablo, Montes Cisternas, Carlos, Rossi Ciocca, Fulvio, Sepúlveda Hermosilla, Roberto |
| Tipo de proyecto | Proyecto de ley |
| Cámara Legislativa de Origen | Cámara de Diputados,Moción |
Establece un plazo en las inhabilidades previstas en el artículo 74 la ley Orgánica de Municipalidades para los cargos que indica.
BOLETÍN N° 4876-06
1. Fundamentos.- Sobre el fenómeno de la corrupción política, administrativa y judicial se han efectuado diversos estudios y adoptado varios instrumentos internacionales referidos al tema. En el ámbito legislativo, se han efectuado importantes modificaciones (v. gr., reforma penal de 1999; cohecho, soborno, tráfico de influencias). Por otro lado, se han efectuado una serie de reformas a mecanismos administrativos de carácter preventivo. Históricamente la corrupción es un fenómeno constante con oscilaciones de mayor o menor grado en instituciones públicas y privadas, independiente del sistema político y económico imperante. El consenso dominante sostiene que la corrupción no es privativa de un segmento específico del cuerpo social, sino que compromete a diversos sectores de la población, llegando en algunos casos a que buena parte de la sociedad participa, por acción u omisión, en formas de corrupción1 (v. gr., las declaraciones de impuestos). Se puede afirmar que todas la propuestas científicas en la materia consideran como elemento consustancial a estas prácticas el carácter secreto y la falta de transparencia que denotan las conductas susceptibles de ser encasilladas en este ámbito.
Es en este contexto, que resulta necesario eliminar todas aquellas circunstancias que puedan significar algún tipo de reproche desde el punto de vista de la transparencia y el respeto de principios de otra naturaleza pero vinculados a la actividad pública. Un aspecto esencial en este ámbito es el de las inhabilidades. Conceptualmente, éstas afectan a personas que, aun teniendo los requisitos de elegibilidad, no pueden ser elegidas para puestos de elección popular por desempeñar determinados cargos o encontrarse en las situaciones específicas que señala la Constitución. En cuanto al plazo, el precepto vigente contempla un plazo de anticipación y luego la prohibición de recuperar el cargo y de ser nombrado en otros análogos, cuestión que el presente proyecto pretende revisar, por estimar demasiado exiguo el plazo fijado a partir de 1989, que en la especie no surte los efectos para cumplir con la finalidad de la disposición.
Sobre este último punto, en materia de inhabilidades la doctrina ha sostenido que su fundamento no radica exclusivamente en el principio de separación de poderes, sino que además, “en el propósito de evitar la intervención gubernativa sobre el cuerpo electoral, que pudiera ejercerse en beneficio de esos altos funcionarios, con todos los elementos de influencia que provienen de la índole de sus facultades”2, sobre este punto la doctrina ha señalado por vía ejemplar que tratándose de “los intendentes y gobernadores […] están situados en el eje central del poder político proyectado sobre el país entero. El intendente, funcionario de la exclusiva confianza del Presidente, dentro de la región de su mando, es representante suyo, y a sus órdenes lo está a su turno el gobernador en la provincia”3. Lo anterior resulta plenamente aplicable a todos aquellos casos en...
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