Establece la obligatoriedad de la educación media
| Fecha | 11 Mayo 1999 |
| Fecha de registro | 11 Mayo 1999 |
| Número de Iniciativa | 2337-07 |
| Etapa | Archivado |
| Autor de la iniciativa | Bitar Chacra, Sergio, Muñoz Barra, Roberto |
| Materia | EDUCACIÓN |
| Cámara Legislativa de Origen | Moción,Senado |
| Tipo de proyecto | Reforma constitucional |
Boletín Nº 2.337-07.
Proyecto de reforma constitucional, iniciado en Moción de los HH. Senadores señores Bitar y Muñoz Barra. que establece la obligatoriedad de la educación media.
1) La comunidad tiene una obligación ineludible con la educación de sus miembros, en virtud de la cual logra no sólo transmitir su cultura en un ambiente proclive al pleno desarroi/o de las capacidades personales, sino también que los individuos puedan participar de manera provechosa y activa en la vida social. Le corresponde a la Nación, por intermedio de sus órganos soberanos, determinar el modo de cumplir cabalmente sus anhelos en el ámbito educacional. Para ello, se debe considerar la necesidad de concebir en la materia sistemas que satisfagan oportunamente los requerimientos de una sociedad en constante cambio y que permitan prever desafíos históricos.
Sin una actitud permanente de parte de las autoridades expresada en la correspondiente voluntad política, tendiente a articular las condiciones que permitan masificar el sistema educativo público, no sólo no es posible concebir una cultura e identidad propias del ser nacional, sino que tampoco es factible la democracia como modelo societario y de estilo de vida, pues las instituciones democráticas requieren ciudadanos capaces de comprender y juzgar opciones, participar en las decisiones colectivas y ejercer sus derechos políticos.
El artículo 19, Nº 10, de la Carta Fundamental, consagra el derecho a la educación en términos tales que, al menos en lo concerniente a la educación básica, se impone al Estado como una obligación estructurada bajo la forma de un servicio público masivo y gratuito cuyo objeto es asegurar a toda la población acceso al sistema.
Por su parte, la Constitución Política de 1925, en el inciso segundo del Nº 7 del artículo 10, declaraba la educación pública como una atención preferente del Estado, precisando en seguida que la educación primaria era obligatoria.
Un paso decisivo y de enorme trascendencia política y cultural se dio en nuestro país cuando se dictó la ley Nº 3.654, Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, publicada en el Diario Oficial de 26 de agosto de 1920.
Con todo, la preocupación de los intelectuales chilenos por el problema educacional es antigua. En los albores de la Independencia e influidos por la filosofía de la Ilustración, los ideólogos de la emancipación colocaron a la educación en un lugar preferente entre los objetivos de la República, en la medida que estimaron posible el progreso social sobre la base de la enseñanza. Ejemplo de lo anterior fue la creación en 1813 del Instituto Nacional y, más tarde, de la Universidad de Chile en 1843. Ambos establecimientos fijaron las pautas de lo que sería la educación fiscal en Chile.
Resulta interesante destacar que durante el siglo XIX la educación estatal estuvo firmemente vinculada con los pensadores liberales de la época, convencidos de la capacidad de la educación y el conocimiento científico para modificar y perfeccionar al ser humano y a la sociedad. Es así como la obra “Filosofía Educacional” de don Valentín Letelier permitió responder a la “utilidad social” de la educación y contribuir a la formación pedagógica.
Algunas voces disidentes, como la de Francisco Antonio Encina, quien reclamaba por la carencia de un proyecto educativo nacional, advirtieron que el tipo de enseñanza existente hasta principios de 1900 adolecía de graves deficiencias que se traducían en el atraso e inferioridad económica del país. Para Encina el modelo de educación imperante a comienzos del siglo XX desconocía el avance tecnológico, lo cual impedía la formación en los estudiantes de una actitud práctica proclive a la solución de problemas sociales reales. Estos juicios críticos fueron, por un lado, forjando la convicción de que los conflictos económicos, sociales y morales padecidos por la comunidad nacional podían ser solucionados mediante la ampliación de la cobertura del sistema educacional, y, por otro, persuadiendo de la necesidad de entregar al Estado una función directriz en los destinos u orientaciones que debería dársele al mismo.
Parece evidente que el impacto de la llamada “cuestión social”, caracterizada por la miseria, cesantía, insalubridad, alcoholismo, prostitución y marginalidad que afectaban especialmente a los sectores más pobres de la sociedad chilena, motivó a la clase política y dirigente a proponer e implementar medidas paliativas que en su aspecto más relevante y fundamental pasaban por iniciar una campaña sistemática de alfabetización, consagrar la obiigatoriedad de la educación y adoptar (a definición de Estado Docente basado en la idea “educar para gobernar”. En otras palabras, que la gobernabilidad y el progreso social dependían de la formación integral de las personas mediante una instrucción educacional estructurada científicamente. Algunos antecedentes de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria son los siguientes cuerpos normativos:
- Ley Orgánica de 1860, en virtud de la cual se contempló la educación primaria gratuita para personas de ambos sexos bajo la dirección del Estado.
- Ley de Enseñanza Secundaria y Superior de 1879. que prescribió que los establecimientos de instrucción secundaria, especial teórica y práctica, científica y literaria superior, debían sostenerse con fondos del Estado, garantizando la gratuidad de la enseñanza estatal y la libertad de enseñanza.
- Diversos proyectos que procuraban establecer la enseñanza primaria obligatoria y que no llegaron a ser ley, presentados al Congreso en 1880, junio de 1900, agosto y noviembre de 1909, por el Presidente Balmaceda y los pariamentarios señores Pedro Bannen. Miguel Varas y Enrique Oyarzún, respectivamente. Las principales objeciones que se hicieron a estas iniciativas fueron que la instrucción obligatoria implicaba una intromisión del Estado en la libertad de enseñanza, afectando así el derecho de los padres a elegir...
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