Establece una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales e introduce modificaciones en cuerpos legales que indica
| Fecha de registro | 15 Enero 2024 |
| Número de Iniciativa | 16566-03 |
| Tipo de proyecto | Proyecto de ley |
| Cámara Legislativa de Origen | Cámara de Diputados,Mensaje |
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE UNA LEY MARCO DE AUTORIZACIONES SECTORIALES E INTRODUCE MODIFICACIONES A LOS CUERPOS LEGALES QUE INDICA.
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Santiago, 10 de enero de 2024
MENSAJE N° 293-371/
H
A S.E. EL
PRESIDENTE
DE LA H.
CÁMARA DE
DIPUTADAS Y
DIPUTADOS
onorable Cámara de Diputadas y Diputados:En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que establece una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales e introduce modificaciones a los cuerpos legales que indica.
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ANTECEDENTES
- Estancamiento del crecimiento, inversión y productividad
El crecimiento de la economía es una condición necesaria para la generación de empleos de calidad y elevar el nivel de bienestar de la población. También es clave para permitir la implementación políticas públicas que apunten a una reducción de brechas de desigualdad y una mayor cohesión social. Por último, el crecimiento también es necesario para que nuestra economía logre enfrentar las diversas crisis ambientales (climática, de biodiversidad y residuos).
Para que dicho crecimiento sea consistente en el tiempo, se requiere, entre otras cosas, lograr aumentos sostenidos en productividad y mantener altos niveles de inversión.
Lamentablemente, en las últimas décadas, el crecimiento económico en Chile se ha desacelerado considerablemente. Mientras en los años noventa la variación del Producto Interno Bruto (PIB) promediaba 6,2%, en la primera década de los 2000 fue de 4,2%, y en los últimos diez años sólo ha alcanzado un promedio de 2,3%. Este es el resultado de un agotamiento persistente de nuestra economía, que se expresa en que la estimación del crecimiento estructural anual del Banco Central está en torno al 2,0%, un valor acotado para una economía en vías de desarrollo.
Esta baja proyección para el crecimiento de largo plazo contrasta con las oportunidades que tiene nuestro país. Chile goza de una particularidad a nivel mundial: sus necesidades de inversión, transformación y diversificación productiva están alineadas con las necesidades del planeta y los desafíos que impone el acelerado cambio climático.
Nuestro país tiene ventajas comparativas para el desarrollo de las industrias críticas del futuro: minería del cobre y litio -indispensable para el desarrollo de la electromovilidad-, producción de hidrógeno verde, generación de energías renovables y el desarrollo de la economía digital.
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El rol de la productividad
La evidencia comparada es inequívoca respecto a la relación entre crecimiento de largo plazo y productividad. No hay experiencias internacionales exitosas de salto al desarrollo económico sin que aquello haya sido acompañado por un aumento relevante y sostenido en el tiempo de la productividad (OCDE Economic Outlook1).
Según los informes anuales de productividad de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP)2, en Chile el crecimiento de la productividad se ha detenido de manera abrupta desde el año 2000 a la fecha. Así, aunque el crecimiento de la economía se deterioró de forma más notoria en la última década, la productividad ya se había estancado 10 años antes, lo que tarde o temprano tendría expresión en las tasas de crecimiento.
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El rol de la inversión
Asimismo, la inversión es esencial para el crecimiento de la economía porque incrementa su capacidad productiva y acelera la inclusión de nuevas tecnologías y conocimientos para el desarrollo.
En Chile, la inversión muestra una dinámica similar a la que se observa en el caso de la productividad. Mientras la inversión llegó a crecer en promedio un 8,6% anual entre los años 2000 y 2010, la década posterior sólo alcanzó un crecimiento de 3,42%.
Sin perjuicio de lo anterior, un aspecto positivo de los niveles de inversión ha sido el alto flujo de inversión extranjera recibida por nuestro país durante los años 2022 y 2023. La inversión extranjera directa en Chile (IED) tuvo un crecimiento significativo el 2022. El monto registrado ese año (US$ 20.865 millones) es el más alto desde el 2014. En la misma línea, las cifras informadas por el Banco Central para el año 2023 confirman esta tendencia. Hasta el tercer trimestre, los flujos de IED superan en un 11% al promedio del último quinquenio, constituyéndose en la cuarta cifra histórica más alta para este periodo en la serie 2003-2023.
Con todo, dado el gran potencial que tiene nuestra economía para atraer inversión, estos buenos resultados en ningún caso constituyen el máximo nivel de inversión que Chile puede lograr.
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Crecimiento económico y crisis ambientales
Una economía robusta, que sostenga mayores tasas de crecimiento, inversión y productividad, será necesaria para enfrentar las diversas crisis ambientales.
Nuestra economía requiere aumentos de productividad que, por la vía de producir “más con menos”, permitan mejorar la vida material de la población, reduciendo a su vez el impacto negativo sobre el medio ambiente.
Al mismo tiempo, será necesaria la inversión en nuevas tecnologías, que permitan producir de forma más limpia. Adicionalmente, la lucha contra la crisis climática precisa del desarrollo de nuevos sectores productivos tales como las energías renovables, el hidrógeno verde y sus derivados. Todos estos sectores requieren de altos montos de inversión para su concreción.
- La importancia de una adecuada regulación de las autorizaciones sectoriales para el fomento del crecimiento económico
Las autorizaciones sectoriales constituyen instrumentos de regulación de vital importancia, ya que permiten conciliar el desarrollo de actividades económicas -especialmente aquellas que traen aparejadas riegos o impactos sociales- con la protección de intereses públicos tan relevantes como la salud, el cuidado del medio ambiente o la seguridad de las personas.
Como ha descrito el Comité de Expertos Sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial, en su informe de 2023, un mejor régimen de autorizaciones es indispensable para la atracción de nuevas inversiones, que aumenten los niveles de crecimiento y productividad. Cuando el otorgamiento de autorizaciones involucra procesos complejos, opacos, inciertos o que toman excesivo tiempo, obstaculizan la inversión y el desarrollo del país.
Por lo tanto, una regulación adecuada debe procurar el justo equilibrio entre una eficaz protección de los intereses públicos y el interés particular de titulares de proyectos o actividades, evitando la imposición de exigencias innecesarias para la correcta cautela de los respectivos objetos de protección y prefiriendo instrumentos que impliquen cargas proporcionales sobre los administrados.
Esto no solo es aplicable a grandes proyectos de inversión. Las empresas y cooperativas de menor tamaño, en su búsqueda de mayores oportunidades de crecimiento, escalamiento y creación de nuevos negocios, ven en los complejos procesos de entrega de autorizaciones barreras que impiden su dinámico desarrollo, sin que esto se traduzca necesariamente en mayores niveles de protección de los intereses públicos que la regulación busca resguardar.
En este contexto, existe consenso en que la obtención de autorizaciones se ha transformado en una de las restricciones críticas a la materialización de inversiones en Chile. Los distintos servicios del Estado y los(as) titulares de proyectos coinciden en la falta de coherencia regulatoria, duplicación y superposición de autorizaciones, y vacíos normativos que generan demoras e incerteza jurídica (Informe Anual de Productividad, CNEP, 2019).
Lo anterior, se explica por diversos factores:
En primer lugar, las normativas que dan origen a las autorizaciones sectoriales han ido aumentando de manera inorgánica, sin tener en cuenta la totalidad del marco jurídico vigente.
Asimismo, se constata una amplia dispersión normativa, lo que se manifiesta en un gran número de normas de distinta naturaleza, que dificultan la identificación de los requisitos exigibles y los procedimientos para su otorgamiento.
En segundo lugar, no existen instancias institucionalizadas de revisión ni racionalización de los procesos de autorizaciones sectoriales, lo que implica menos oportunidades para evaluar su eficiencia e introducir mejoras.
En tercer lugar, no existen espacios de...
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