Establece incentivos para entrega de información en los delitos vinculados a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.
| Fecha | 28 Octubre 2003 |
| Número de Iniciativa | 3391-17 |
| Fecha de registro | 28 Octubre 2003 |
| Etapa | Archivado |
| Tipo de proyecto | Proyecto de ley |
| Cámara Legislativa de Origen | Cámara de Diputados,Mensaje |
MENSAJE DE S.E. EL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE SE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE INCENTIVOS PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN LOS DELITOS VINCULADOS A LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLÍTICOS.
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SANTIAGO, 23 de octubre de 2003
MENSAJE Nº 14-350/
Honorable Cámara de Diputados:
A S.E. EL
PRESIDENTE
DE LA H.
CAMARA DE
DIPUTADOS.
En uso de mis facultades constitucionales tengo el honor de someter a Vuestra consideración el siguiente proyecto de ley. I.EL DEBER DE LOGRAR UNA NACIÓN UNIDA Y EN PAZ.A fines de agosto, se hizo entrega al país de un conjunto de medidas dirigidas a asumir el delicado proceso de sanar las heridas producidas por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Estas propuestas son asumidas por el gobierno como una contribución, destinada a la apertura de espacios que permitan avanzar en dicho camino, consciente de que nunca podrá haber una solución definitiva para una situación como la vivida.
Muchos han creído que para superar los traumas del pasado bastaba con hacer “borrón y cuenta nueva”, o con echar tierra sobre la memoria. Muy por el contrario, a nuestro juicio, una sociedad no se hace más humana negando el dolor ni las páginas oscuras de su historia; al contrario, con ello sólo se denigray envilece.
El dolor de la pérdida de un hijo o hija, hermano o hermana, del padre o la madre, del cónyuge, nunca se extingue. A este respecto sólo podemos aspirar a aprender a vivir con el dolor, a evitar que ese dolor se transforme en odio y ansias de venganza, y a reparar en parte los perjuicios que nos ha causado. Una fractura social, política y moral de tal magnitud no se cierra en un acto y en un momento determinados; no es posible extirpar el dolor que vive en la memoria por medio de un conjunto de medidas, por muchas, bien intencionadas y profundas que éstas sean.
En este contexto el gobierno ha asumido como un deber el impulsar con convicción medidas que contribuyan a legar a las nuevas generaciones una nación cuya alma esté unida y en paz, y cuya conciencia moral haya dado los pasos necesarios en verdad, justicia y reparación. Chile sólo podrá aspirar a un futuro digno, sólido, democrático, si acaso es capaz de hacerlo sobre la base de la paz social, la solidaridad y la unidad de todos los chilenos.
Al día siguiente de asumir mi mandato presidencial, en el acto del 12 de marzo de 2000 en el Parque Forestal, manifesté mi invitación “a enfrentar con dignidad y con entereza, a través del diálogo y del respeto a las instituciones y al Estado de Derecho, lo que todavía tenemos pendiente en materia de derechos humanos”.
Nadie duda que hoy en Chile se respetan los derechos humanos. Pero necesitamos avanzar más aceleradamente en el cierre de nuestras heridas por los mismos caminos que con sensatez y determinación hemos seguido hasta ahora: el de los Tribunales de Justicia y del imperio de la ley, sin excepciones.
Queremos que jamás en nuestro país vuelvan a ocurrir las atrocidades que sucedieron en el pesado. Para ello todos debemos cuidar celosamente la convivencia conseguida con tanto esfuerzo en estos años y el irrenunciable patrimonio de nuestra historia republicana.
El quiebre de la institucionalidad democrática en un país jamás se produce sin previo aviso. Se produce siempre en medio de tormentas crecientes que los países y sus líderes no son capaces de controlar. Por ello, es necesario que quienes vivimos ese quiebre y teníamos responsabilidades en las distintas áreas de la vida nacional no dejemos nunca de pensar y reconocer, con humildad y realismo, cuáles fueron los errores individuales y colectivos que nos llevaron a un momento terrible en nuestra historia patria.
Nadie puede declararse ajeno a la profunda división que ocurrió entre nosotros los chilenos y que nos condujo a la catástrofe antidemocrática que todos conocemos. Intentar comprender y asumir el contexto y las causas del quiebre civil de ese entonces no significa, en modo alguno, justificar lo que posteriormente sucedió.
Vimos cómo agentes del Estado persiguieron organizadamente, y con inusitada violencia, a quienes pensaban distinto. Se violaron sistemáticamente los derechos humanos. Se asesinó, se torturó, se detuvo y se hizo desaparecer a personas. Sus familiares, y todo Chile, tienen el derecho y la necesidad de saber la verdad acerca de qué ocurrió con esas personas.
II.UN PASO MÁS.Frente a esta realidad, la política de los Gobiernos de la concertación en materia de derechos humanos se ha basado en tres pilares fundamentales: Verdad, Justicia, Reparación, valores que se han reflejado en diversas instancias y acciones tendientes a su concreción, las cuales paulatinamente nos han permitido orientar en conjunto, como sociedad, espacios de paulatino avance para el cierre de las heridas abiertas.
En este sentido valoramos especialmente a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que presidió Raúl Rettig, y que fuere impulsada durante el gobierno de Patricio Aylwin, como asimismo la Mesa de Diálogo instalada por el gobierno del Presidente Frei, instancia que incorporó formalmente al diálogo nacional sobre las violaciones a los derechos humanos, a las instituciones armadas. Sobre esta base, los temas de verdad y justicia cobraron una nueva dimensión en la acción de la Justicia, encontrando hoy en día abiertos en los tribunales más de 300 procesos relativos al paradero, suerte o destino de los detenidos y desaparecidos, en los que se busca la verdad de más de mil víctimas.
Sobre esta base, considero que como sociedad chilena hemos avanzado en la obtención de la verdad, justicia y reparación, y sobre esa misma base es que hoy en día proponernos dar un paso más. Para ello hemos visto como se han sumado voces a esta tarea nacional de buscar la verdad y la justicia respecto a las violaciones de los derechos humanos, voces que, hasta ahora, se negaban a reconocer lo sucedido. Considero que ello es bueno para Chile.
Hemos recibido la opinión de las iglesias, de instituciones laicas, sociales y políticas, de la coalición de gobierno que me apoya, cuyo signo de identidad fundacional ha sido la defensa de los derechos humanos, como asimismo he recibido propuestas de la oposición que –independientemente del pasado– hoy participa de esta tarea común, generando las bases para una nueva realidad de cooperación, que como Jefe de Estado no puedo sino considerar un logro para el país.
Los pasos dados por el Ejército y el conjunto de las Fuerzas Armadas explicitando con total profesionalismo su doctrina republicana, –y que hoy todo Chile les reconoce– contribuyen fuertemente al clima que permite plantearnos, unidos como país, nuevos avances en este delicado aspecto de nuestra vida nacional.
Después de escuchar a tantas personas y grupos, al gobierno le asiste la convicción más profunda de que los objetivos de verdad y de justicia son moralmente irrenunciables. Además, reitero la convicción que sólo los Tribunales de Justicia constituyen la instancia para avanzar en la verdad y en la aplicación de la justicia de acuerdo a la ley vigente.
En consecuencia, el gobierno no se hace cargo de ninguna propuesta que signifique establecer punto final a los procesos, ya sea porque son propuestas moralmente inaceptables, o bien, jurídicamente ineficaces. Asimismo, deja en los tribunales la interpretación respecto del Decreto-Ley de...
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