Empresarios alertan: incluso proyectos más sencillos demoran 12,7 meses en aprobarse
Al primer trimestre de 2017 solo se autorizaron 11,5 proyectos de este tipo, cifra que contrasta con el peak que se dio en el segundo trimestre de 2013, cuando fueron 19 iniciativas aprobadas en esos tres meses (ver infografía).
Pero, además, los plazos para obtener las aprobaciones cuando ingresan al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) se extienden cada vez más.
Según datos de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) levantados a partir de cifras públicas, para obtener una Evaluación de Impacto Ambiental, incluso los proyectos de menor complejidad -las obras que requieren una Declaración de Impacto Ambiental (DIA)-, por primera vez en la historia necesitan más de un año (12,7 meses) para obtener este permiso. Esta es la cifra más alta desde los registros que hay en la década.
"No hay ninguna razón de fondo para un aumento de plazos tan importante", sostiene Joanna Davidovich, directora ejecutiva de la Comisión de Productividad de la CPC. Advierte que la evolución del plazo de aprobación de las DIA es un llamado de atención, porque este "es el instrumento más liviano de evaluación ambiental, y, en teoría, debería ser un trámite rápido".
Alerta que "el plazo ha crecido desde ocho meses en su promedio histórico hasta llegar a casi trece, y la pregunta que surge es si estamos poniendo el foco y los recursos en los proyectos de mayor riesgo de impacto ambiental, o esto se ha ido desfigurando".
Ricardo Irarrázabal, profesor de derecho ambiental de la UC y socio de Irarrázabal, Loyola y Ciappa, estima que "es totalmente compatible una evaluación de calidad con una mejora en los plazos de tramitación, especialmente en las DIA".
Hay exigencias que van más allá de lo que corresponde
Los expertos deslizan varias hipótesis para explicar el fenómeno. Desde la deficiente formulación de los proyectos, a la disparidad de criterios en las distintas evaluaciones regionales. En lo que hay coincidencia es que, tal como está la inversión hoy, estos lapsos tan extensos no son razonables.
Ricardo Irarrázabal opina que los plazos se pueden acortar "con mejores y más capacitados evaluadores, y con una correcta gestión de los plazos que demoran los servicios en pronunciarse".
El académico sostiene que hay que definir si todos los proyectos de inversión deben ser evaluados ambientalmente, dado que muchos de ellos -por ejemplo, muchos de los que hacen declaraciones de impacto- tal vez no los necesitan, debido a que el riesgo ambiental que tienen es más...
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