Entre el crecimiento y el 'efecto calle', países de la región definen reformas
De hecho, aunque toda América Latina aparece enfrentando problemas similares, una mirada más detenida sobre los distintos países permite detectar diferencias importantes. Ellas no solo se relacionan con la magnitud de la desaceleración, sino también con las políticas que se impulsan y con el tipo de reformas que cada gobierno pretende llevar a cabo para enfrentar la pobreza y la desigualdad social. El panorama se completa al constatar además la calidad de sus instituciones democráticas y el respeto a las libertades públicas (ver recuadro).
Reformas pro crecimiento en México; programas sociales en Brasil
Uno de los enfoques es el de México, donde se han diseñado reformas que "tienden a crear un entorno más favorable a las empresas y están orientadas a reducir la desigualdad mediante el crecimiento económico", según George Gray Molina, economista del PNUD.
Otra visión es la de Brasil, que "ha optado por un modelo de protección social", enfocando sus esfuerzos a disminuir la "desigualdad mediante la inversión pública", destinando enormes recursos a programas sociales como Bolsa Familia o Hambre Cero, que suponen ayuda directa, en bonos y subsidios, para los más vulnerables. En cambio, los economistas cuestionan la falta de medidas liberalizadoras para dinamizar el crecimiento.
En el caso mexicano, el gobierno del PRI se embarcó en importantes reformas -educacional, energía y telecomunicaciones- sin temor a arriesgar su capital político ante el embate de poderosos sindicatos. Enrique Peña Nieto no titubeó ante las presiones de los gremios, llegando a encarcelar a la presidenta de los docentes. Esa fue una potente señal para que los sindicalistas del petróleo no le hicieran la guerra frente al proyecto de ley que incorpora a capitales privados en la emblemática Pemex.
Brasil, por su parte, se juega por la asistencia social, sin descuidar un manejo macroeconómico que, sin embargo, ha tendido en el último tiempo a escaparse de las manos de la autoridad, con cifras de inflación inquietantes. El "efecto calle", con las protestas de la clase media el año pasado y la caída en la popularidad de Dilma Rousseff, suscitó una pronta reacción gubernamental. Esta incluyó lograr la aprobación de la ley que destina el 75% de las regalías de los nuevos yacimientos de petróleo a Educación, y el 25% a Salud. También prometió mejorar infraestructuras y transporte, demandas claves de los manifestantes.
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