'Duele tener que enviar a un niño a estos centros, pero el juez no se lo puede llevar a su casa'
Tras la última fiscalización al Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino, realizada el 3 de mayo pasado, elaboraron un lapidario informe en que recomiendan cerrarlo. Esto, ya que -pese a la muerte el 11 de abril de la pequeña Lissete (11)- el lugar no subsanó riesgos y funciona con falencias, como no tener certeza de cuántos niños viven, un sobrecupo y desprolijidad en suministro de fármacos.
Tanto alertó esta situación a los jueces de familia, que enviaron el informe a la Corte Suprema y, luego, al Sename y al Ministerio de Justicia.
"Lo hicimos en junio, y lo seguiremos haciendo todas las veces que sea necesario, porque esta preocupación del Poder Judicial no es coyuntural por los lamentables hechos que han ocurrido. Desde hace años que venimos advirtiendo estas situaciones", dice la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jenny Book, quien, junto al ministro Jaime Balmaceda, fueron nombrados coordinadores de la reforma de la justicia de familia.
La "oferta del Estado"
Consultada por su visión de cómo funcionan estos centros a los que los tribunales de familia deben acudir, la ministra Book explica que "los jueces de familia no pueden hacer más de lo que ya están haciendo. Duele tener que enviar a un niño a estos centros, pero el juez no se lo puede llevar a su casa. Hay que enviarlo a la oferta que el Estado hoy nos entrega".
En ese sentido, la magistrada hace una dura comparación: "Pasa un poco lo que con un imputado: el juez debe enviarlo a la cárcel, pero sabe que en Chile esa persona en la cárcel no se va a rehabilitar, porque va a vivir en condiciones infrahumanas, pero tengo que ingresarlo a Colina o a la ex Penitenciaría... bueno, esto es lo mismo, pero con la gran diferencia de que estos niños no han cometido ningún delito para pasar por esta situación".
La jueza de familia Gloria Negroni -quien ha trabajado codo a codo con la ministra Book y con la ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi- reconoce que no toda la culpa es del Sename, y es enfática: "Este es un tema de política de Estado. Los niños deben ser preocupación de toda la sociedad".
Agrega que las muertes que se investigan en la actualidad en recintos de este servicio son una oportunidad. "Este es el momento en que tenemos que transparentar: ¿Nos importan los niños, o es solo un discurso político? Porque si de verdad nos preocupa, entonces uno esperaría que cuando se discute la Ley de Presupuesto se note que nos...
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