Dudas por cobro de gastos comunes pueden terminar en el Juzgado de Policía Local - 18 de Septiembre de 2016 - El Mercurio - Noticias - VLEX 649204161
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Dudas por cobro de gastos comunes pueden terminar en el Juzgado de Policía Local

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Vincent

Los edificios y condominios han ido aumentando en el Gran Santiago, pero desde luego que no es fácil vivir en comunidad. La tensión entre los vecinos y la administración se intensifica cada mes cuando llega el cobro de los gastos comunes. Ahí es cuando surgen dudas de si se le está dando un buen uso al dinero o si se podrían abaratar algunos costos, y muchas veces preguntas sobre qué facultades tiene la administración por sobre los vecinos de la comunidad y viceversa.

El condominio Carolina Rabat, ubicado en Vitacura, se encuentra en esta última situación. El proyecto impulsado por la Inmobiliaria Carmell S.A. comenzó hace 17 años, y desde entonces, la constructora es la que se ha hecho cargo de la administración de los cuatro sectores que constituyen la comunidad y de los espacios comunes, como las piscinas y áreas verdes. Más de 30 vecinos de Carolina Rabat no están conformes con la forma como se han manejado la transparencia y los gastos del condominio hasta la fecha.

Ernesto Valdés vive desde 2009 en el primer edificio que se construyó, y cuestiona la labor de Carmell S.A. Según Valdés, la administración no ha convocado a asambleas ordinarias generales, como establece la ley, y solo ha permitido que cada sector tenga un pequeño comité que no es resolutivo, pero no existe una que reúna a todos los propietarios. Valdés es quien preside la instancia en su sector y asegura que ha pedido diversos documentos de contabilidad a la administración y que ninguno se le ha entregado.

Vecinos piden tomar decisiones en asambleas

El camino regular para denunciar que la administración no está cumpliendo con lo establecido en la ley es dirigirse al Juzgado de Policía Local de la comuna. El condominio donde vive Ernesto Valdés ha acudido en dos ocasiones. La primera fue en 2013, cuando pedían que la administración citara a una asamblea extraordinaria en la que los copropietarios pudieran elegir al comité de administración y dejara de ser la inmobiliaria la que ejerciera esta labor. En 2015 se realizó la reunión, pero no se alcanzó el quórum de 80% que exige la Ley de Copropiedad para que se puedan tomar decisiones.

En la segunda denuncia al juzgado, los vecinos declararon que la administración no había convocado a asambleas ordinarias generales, que ellos no tienen acceso a los balances contables, a los contratos firmados a nombre de la comunidad, entre otros. Fabio Lima vive en el condominio hace casi un año y medio y es quien firma esta denuncia...

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