La disputa con las comunidades mapuches abre un nuevo foco de conflicto para Macri
La muerte de Rafael Nahuel por un disparo de fuerzas de seguridad cerca de Bariloche, hace poco más de una semana, y el fallecimiento por ahogo de Santiago Maldonado en el río Chubut a comienzos de agosto han hecho sonar las alarmas en el gobierno argentino ante la posibilidad de una escalada del conflicto en el sur, principalmente en las provincias de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Neuquén, zonas turísticas y con inversiones energéticas.
La respuesta del Ejecutivo en el caso de Nahuel fue transversal, partiendo por la Presidencia y pasando por los ministerios de Seguridad y de Justicia: la legitimidad del uso de la fuerza por parte de los agentes. Macri identificó a la comunidad indígena relacionada con los hechos de violencia como un "grupo minoritario" que intenta imponer "una agenda de violencia", contraria al "cambio" que propone su gobierno.
Los incidentes del sábado 25 de noviembre que terminaron con la muerte del joven de 27 años ocurrieron en un cerro de Villa Mascardi, a 30 km de Bariloche (Río Negro), cuando la Prefectura Naval cumplía -según la versión oficial- una orden judicial para identificar a prófugos de un desalojo del jueves 16 de noviembre en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Esos terrenos estaban presuntamente ocupados por la comunidad de Lof Lafken Winkul Mapu, que el oficialismo vincula a la organización indígena Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).
Los miembros de Lof Lafken Winkul Mapu alegan, dice Clarín, que el newen (espíritu) que vive en el área los autorizó a quedarse en el predio y vivir al estilo mapuche cultivando la tierra y criando animales.
El Ejecutivo se defiende al sostener que un grupo de "entre 15 y 20 personas encapuchadas", con máscaras antigases "de tipo militar" y banderas con lanzas "que en sus puntas tenían atados cuchillos", no acataron la orden de los agentes.
Además de la muerte de Nahuel, en Villa Mascardi hubo dos heridos y varios detenidos, entre ellos Fausto Jones Huala, hermano de Facundo Jones Huala, uno de los fundadores de la RAM en 2013, actualmente detenido y en proceso de extradición a Chile, donde la fiscalía de Los Ríos lo busca por su posible participación en un incendio en el fundo Pisu Pisué en 2013.
Se cree, dice el diario Clarín, que a medida que se acerque la fecha de la extradición se multiplicarán las provocaciones, ya que Jones Huala ha planteado "definiciones transparentes": que la propiedad privada está en contra de los pueblos originarios, y que los mapuches...
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