Directiva de RN pide a Contraloría auditoría especial por eventuales irregularidades en adquisición de terrenos en Machalí
El texto, redactado por el presidente Cristián Monckeberg (RN) y el vicepresidente Tomás Fuentes, busca transparentar si "agentes de la administración del Estado usaron en beneficio de terceros información privilegiada en razón de la función pública que desempeñan".
Más aun, advierten, luego que se dieran a conocer nuevos antecedentes de la compra de 44 hectáreas en Machalí realizada por la empresa Exportadora y de Gestión Caval Limitada, la que se efectuó tras recibir un crédito del Banco de Chile por $6.500 millones, cuya aprobación fue notificada al día siguiente de la elección presidencial de Michelle Bachelet.
Por este motivo es que, en el oficio, la mesa de RN le pide a Contraloría realizar una auditoría especial a la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de O'Higgins, ya que habría sido esta entidad la que llamó a licitación para la elaboración de un nuevo plan regulador.
La colectividad también solicitará una auditoría especial a la Intendencia de la Región de O'Higgins y a la Dirección de Obras Municipales de Machalí, "en relación a su intervención en el proyecto del nuevo Plan Regulador Intercomunal de Rancagua".
Asimismo, la directiva enviará una misiva dirigida al superintendente de Bancos, Eric Parrado, para que se "pronuncie jurídicamente si el Banco de Chile otorgó el crédito dentro de los límites establecidos por el Ministerio de Hacienda".
Solicitud al fiscal nacional
Paralelamente a la ofensiva de la directiva de RN, el jefe de bancada, Nicolás Monckeberg, pedirá una audiencia con el fiscal nacional, Sabas Chahuán, para sugerirle que inicie una investigación en la materia.
"El Gobierno ha querido ocultar el patrimonio y los intereses del hijo de la Presidenta deliberadamente, negándose a realizar una declaración de patrimonio, hasta que es sorprendido. Recién ahora deciden publicar sus intereses comerciales", dijo Monckeberg.
El parlamentario agregó que "le pediremos al fiscal nacional que encabece una investigación a fondo con todos los antecedentes para descartar la existencia de delitos graves como podrían ser el tráfico de influencias o el uso de información privilegiada. El Ministerio Público tiene la obligación de investigar a fondo, y el Gobierno incurre en una arbitrariedad al descartar la existencia de delitos, blindando al hijo de la Presidenta".
En la Alianza se han mantenido cautos con la posibilidad de presentar una querella, ya que, argumentan, faltarían mayores antecedentes en el caso.
Por otro lado...
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