Dictamen nº 15573 de Contraloría General de la República, de 16 de Marzo de 2012
N° 15.573 Fecha : 16-III -2012
El senador don Alejando Navarro Brain se ha dirigido a esta Contraloría General solicitando un pronunciamiento sobre la legalidad del gasto en que ha incurrido el Ministerio del Interior y Seguridad Pública al financiar la instalación y operación de los centros de asistencia para víctimas de delitos violentos, en adelante CADV, por cuanto, sus objetivos coinciden con aquellos previstos en la creación de los Centros de Atención Integral para Víctimas de Delitos Violentos (CAVI) implementados por la Corporación de Asistencia Judicial y dependientes del Ministerio de Justicia, lo que, a su juicio, contraviene el citado principio de legalidad y el de probidad administrativa al existir duplicidad de egresos y usurpación de funciones administrativas.
Requerido su informe, la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública manifestó, en lo pertinente, que a partir del año 2008, las respectivas leyes de presupuestos han consagrado recursos para el financiamiento de los aludidos centros en la partida presupuestaria de esa Secretaría de Estado, por lo que no se habría vulnerado el principio de legalidad, y que la ley N° 17.995 confiere a las Corporaciones de Asistencia Judicial la facultad de prestar asistencia jurídica y judicial gratuita a personas de escasos recursos, la que no es exclusiva ni excluyente respecto de aquella que puedan prestar otras instituciones públicas, como ocurre en la especie, en que los CADV otorgan asesoría a las víctimas de delitos sin importar su situación económica ni si requieren o no apoyo judicial, por lo que tampoco existiría duplicidad del gasto ni usurpación de funciones administrativas.
Consultado el Ministerio de Justicia, informó que las Corporaciones de Asistencia Judicial han creado una línea de atención especializada denominada “Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos”, que considera la representación judicial y atención psicológica, social y psiquiátrica para la víctima y su familia, en la medida que ellas sean necesarias. Agrega que la citada Cartera y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, junto a otras instituciones, participan activamente en la Red de Asistencia a Víctimas y que en el año 2007 suscribieron un convenio de colaboración y un Protocolo de Derivación a fin de evitar la duplicación de intervenciones por parte de los centros de atención dependientes de ambos ministerios.
Sobre el particular, la...
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