Dictamen nº 713 de Contraloría General de la República, de 7 de Enero de 2011
N° 713 Fecha: 07-I-2011
El Ministerio de Justicia expone que, con el propósito de definir un nuevo modelo de justicia vecinal, requiere implementar un estudio que permita actualizar el conocimiento de los conflictos que se producen en ese ámbito, determinar quiénes son sus actores y qué impacto generan los distintos métodos de solución de los mismos en la calidad de vida de tales personas.
Añade que la ejecución del referido estudio comprende, en su fase inicial, la instalación de oficinas de recepción y derivación de conflictos, durante un año, las cuales evaluarán los casos presentados, para posteriormente derivarlos a alguna forma de solución de controversias tales como mediación, conciliación o negociación, y una segunda etapa que se desarrollará al interior del Ministerio con el fin de desagregar la información recopilada para transformarla en estadísticas concretas.
Precisa, enseguida, que el estudio lo realizarán directamente “funcionarios de la misma repartición”, sin perjuicio de ciertas “contrataciones bajo la modalidad de honorarios consagrada en el artículo 11 del Estatuto Administrativo, para algunas personas que recabarán físicamente la información en las cuatro comunas seleccionadas”.
A juicio del Ministerio recurrente la ejecución de este estudio, en los términos antes reseñados, se ajustaría a derecho, en virtud de las disposiciones legales que indica, no obstante lo cual ha estimado necesario solicitar en forma previa a su implementación, un pronunciamiento de esta Contraloría General que ratifique la legalidad del mismo.
Ahora bien, en relación con el asunto planteado cabe consignar el artículo 22 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, precepto en cuya virtud los ministerios son órganos de colaboración del Presidente de la República en las funciones de gobierno y administración de sus respectivos sectores, debiendo, para tales efectos, proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes, estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su cargo, velar por el cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y fiscalizar las actividades del respectivo sector.
Como puede advertirse, el estudio de las normas aplicables al sector de justicia, y la evaluación de las políticas en ejecución o susceptibles de realizarse en el futuro, pertenecen al ámbito de las funciones que, por su naturaleza, corresponde cumplir a los ministerios, en su calidad de...
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