Dictamen nº 56265 de Contraloría General de la República, de 1 de Agosto de 2016
N° 56.265 Fecha: 1-VIII-2016
Se han dirigido a esta Contraloría General, don Pablo Poblete y don Roberto Camp, en representación de la Asociación de Pequeños Industriales y Artesanos de Arica y Parinacota (APIA) y de la Asociación Gremial de Industriales Menores de Arica (AGIMA), respectivamente, reclamando en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota (SEREMI), por aumento del valor comercial de los terrenos que indica y que sus asociados ocupan como residencia habitual y fuente laboral, y que aumenta el precio mínimo que deben pagar por ellos para su adquisición.
Los reclamantes sostienen que sus miembros han postulado a la compraventa directa de los sitios fiscales que legítimamente ocupan en el Barrio Industrial de Arica, pero que el Ministerio de Bienes Nacionales, a través de su SEREMI, nunca ha dado término a esas operaciones, retardando injustificadamente la suscripción de las correspondientes escrituras públicas, incluso de aquellas respecto de las cuales se ha dictado el decreto que autoriza esas contrataciones.
Dicha situación posibilitó que en el año 2013, el Servicio de Impuestos Internos (SII) procediera a reavaluar los terrenos, aplicando un avalúo fiscal muy superior al valor comercial que en su momento determinó la Comisión Especial de Enajenaciones Regional, acuerdo adoptado el 18 de mayo de 2009, lo que tornó imposible la materialización de las compraventas para sus asociados, con la consiguiente expiración del plazo de suscripción.
Requerido de informe, el SII lo emitió manifestando, en síntesis, que para el año 2013 procedió a efectuar un proceso de reavalúo de las propiedades de que se trata, conforme a lo dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 17.235, considerando la totalidad de los aspectos de plusvalía y minusvalía, por lo que no resulta posible acceder a una rebaja de los avalúos.
A su vez, la Intendenta de la Región de Arica y Parinacota, indica no contar con antecedentes en cuanto a que se habría manifestado el consentimiento en relación con la determinación de los valores supuestamente acordados, expresando estar llana a realizar todas las gestiones que le competen para dar solución a lo expuesto.
Por último, el Ministerio de Bienes Nacionales informó, en síntesis, que no consta que se haya autorizado la venta y tampoco que se haya fijado el precio definitivo de ella, por lo que no se generaron obligaciones y derechos recíprocos. Sostiene que habiendo transcurrido más de...
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