Dictamen nº 31146 de Contraloría General de la República, de 3 de Diciembre de 2019
N° 31.146 Fecha: 03-XII-2019
Se han dirigido a esta Contraloría General los señores Héctor Pujols Molero y Rodolfo Noriega Cardó, solicitando un pronunciamiento sobre la legalidad de la resolución exenta N° 1.957, de 2018, de la Subsecretaría del Interior, que instruyó la conformación del Consejo Consultivo Nacional de esa subsecretaría, y dejó sin efecto la resolución exenta N° 10.330, de 2015, del mismo origen, que regulaba el funcionamiento y composición del Consejo Consultivo Nacional de Migraciones del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Sostienen, en síntesis, que a través de la resolución que impugnan, la correspondiente autoridad ministerial habría vulnerado la normativa contenida en la ley N° 20.500, pues al disolver el mencionado consejo consultivo de migraciones, se estaría excluyendo injustificadamente la participación de ciertas organizaciones de la sociedad civil en la materia; que aquella autoridad no tendría atribuciones para disolver a esta clase de entidades; y que la creación del nuevo órgano sería innecesaria, atendido el buen funcionamiento de su antecesor. Agregan que, por lo demás, no se habría dictado un acto que regule el nuevo consejo.
Por su parte, el abogado Secretario de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputados, ha solicitado un pronunciamiento en el mismo sentido.
Requerida al efecto, la Subsecretaría del Interior emitió el pertinente informe sobre la materia, exponiendo los motivos de hecho y de derecho que justificarían la emisión de la aludida resolución exenta N° 1.957, de 2018.
Señala, en lo que interesa, que entre las deficiencias que pudo detectar en la constitución y funcionamiento del consejo consultivo que dejó sin efecto dicha resolución, se encuentra la imposibilidad de verificar de manera fidedigna la personalidad jurídica, la representatividad de las organizaciones respectivas, como también la vigencia de las mismas, por cuanto el registro a cargo del Departamento de Extranjería y Migraciones a que aludía la indicada resolución exenta N° 10.330, de 2015, no contaba con los mecanismos pertinentes al efecto.
En relación con la materia, la ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, incorporó el Título IV -De la participación ciudadana en la gestión pública- a la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del...
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