Dictamen nº 20781 de Contraloría General de la República, de 8 de Junio de 2017
N° 20.781 Fecha: 08-VI-2017
Se ha dirigido a esta Contraloría General la señora María Farías Román, exfuncionaria del Centro Médico Militar “Rancagua”, reclamando por la decisión del Ejército de no renovar su contrata para el año 2017.
En su informe, esa institución castrense manifestó, en síntesis, que tal determinación se habría adoptado luego del análisis y evaluación de los cargos de personal a contrata, producto de la racionalización de recursos humanos y la restricción presupuestaria para el año 2017, lo que se encuentra contenido en la resolución exenta reservada N° 1000/25059/8332, de 30 de noviembre de 2016, del Comandante del Comando de Personal.
Sobre el particular, es menester expresar, en armonía con lo sostenido en el dictamen N° 22.766, de 2016, de este origen, que las continuas renovaciones de las contratas -desde la segunda al menos-, generan en los servidores que se desempeñan sujetos a esa modalidad la confianza legítima de que tal práctica será reiterada en el futuro, de modo que para adoptar una determinación diversa es menester que la autoridad emita un acto administrativo que explicite los fundamentos que avalan tal decisión, detallando el razonamiento y los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustenta, el que, de acuerdo con lo previsto en el citado dictamen N° 85.700, de 2016 -que imparte instrucciones y establece criterios complementarios para la aplicación del indicado dictamen N° 22.766, de 2016-, se materializa mediante la emisión de una resolución exenta que debe notificarse al afectado.
Asimismo, se debe considerar que el indicado oficio instructivo N° 85.700, de 2016, expresó que el 30 de noviembre de 2016, constituye el límite temporal para que el jefe de servicio disponga la no renovación de la contrata mediante el acto administrativo pertinente, término que, según ha resuelto esta Contraloría General en su dictamen N° 14.865, de 2017, no puede obviarse, pues el propósito perseguido con ese plazo apunta a garantizar los derechos de aquellos funcionarios que tenían la legítima expectativa de que la Administración continuaría actuando de la misma forma que lo venía haciendo con anterioridad.
Al respecto, es dable anotar, según los registros de este Ente Fiscalizador, que se designó a la recurrente en la citada calidad a contar del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2004, vínculo que se prorrogó sucesivamente hasta el 31 de diciembre de 2016, generándose por lo tanto, en la peticionaria, la confianza...
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