Los días de cárcel de los dueños del Lai Thai
-La PDI está aquí afuera.Cristóbal Cox, de 34 años, supervisaba un arreglo que unos maestros estaban realizando en la cocina de su casa, ubicada en la comuna de Lo Barnechea, cuando su madre, que venía llegando a dejarle un encargo, le avisó de la presencia de la policía. Era el 3 de julio de 2020. Cox los dejó pasar. Los detectives no solo venían con una orden de registro, sino que también a detenerlo.-Había una denuncia relacionada por tráfico y trata de personas. Una cosa descabellada. Supongo que estaban buscando gente encerrada en mi casa, pero no encontraron nada.Tras varias horas, en las que los detectives catearon todos los espacios de la vivienda, la policía se llevó a Cox a un cuartel, y a los pocos minutos, en la celda del frente, encerraron a Jirawat Nantalakha, un tailandés de 63 años, su socio en la cadena de restaurantes Lai Thai, a quien también habían allanado.-¿Qué está pasando? -le dijo Cox, en inglés, como habituaban hablar entre ellos.La pregunta era una forma de canalizar el shock , porque ambos sabían lo que estaba ocurriendo. El 19 de junio de ese año, funcionarios de la Seremi de Salud, de la Inspección del Trabajo y de la Brigada Investigadora de Trata de Personas habían fiscalizado tres de los seis locales que tenían, y la casa de Jirawat, desde donde habían sacado a 17 tailandeses que vivían ahí y trabajaban para ellos.Aquella no había sido una fiscalización sorpresa. Desde hacía un año que la PDI, por orden de la Fiscalía Oriente, venía realizando un seguimiento discreto a los restoranes, luego que el 9 de julio de 2019, una denuncia anónima, a través del Programa Denuncia Seguro, alertara que ambos empresarios podían estar involucrados en una presunta red de trata de personas.Según ese documento, Cox y Jirawat captaban en Tailandia a los trabajadores de sus locales, ofreciéndoles tentadoras y engañosas ofertas laborales. "Al llegar a Chile, Cristóbal retendría sus documentos. Acto seguido, comenzarían con el trabajo ofrecido; sin embargo, este se realizaría de lunes a domingo, sin descanso, con turnos de 11:00 a 22:00 horas y, posteriormente, debían continuar con las actividades en sus lugares de descanso, realizando trabajos de faena de alimentos para el día siguiente", dice la denuncia. Y agrega: "Se menciona que no pueden salir con libertad a la vía pública y que, cada tres meses, los involucrados cancelarían 200 mil pesos a cada trabajador como salario".Luego del allanamiento a los locales, los trabajadores fueron reubicados en una residencial, donde respondieron las preguntas de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos. Con esa información, el 1 de julio de 2020, la fiscalía pidió una orden de detención, la que se concretó dos días después.Esa noche, en el cuartel de la PDI, Cox y Jirawat la pasaron despiertos, insomnes, y a la mañana siguiente les informaron que serían trasladados al Centro de Justicia para su formalización. A Cox se le vinieron a la cabeza esas imágenes de televisión que mostraban a los delincuentes saliendo de las comisarías, enfundados con ropas hasta la coronilla. Antes de que lo esposaran, hizo lo mismo: se cubrió la cabeza con el gorro de una chaqueta y la cara con una mascarilla negra. Caminó mirando al piso.-Hasta ese momento habíamos salido montones de veces en la televisión por nuestro emprendimiento. Nos habían invitado a matinales, aparecido en los diarios; los periodistas habían ido a nuestros locales y conocían, incluso, a algunos trabajadores. Pensaba en la ironía de que ahora nos iban a mostrar como los peores delincuentes por algo que no habíamos hecho -recuerda Cox.Los llevaron al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y ahí enfrentaron una audiencia por Zoom.-Cruzaba los dedos para que nos dejaran en libertad, pensaba en arresto domiciliario, pero el juez dijo que no. Fue terrible, se me bajó hasta la presión. Ahí dije: "Bueno, no hay nada más que hacer, voy a tener que vivir esta experiencia". Y ahí empezó la verdadera aventura, por así decirlo.Ambos fueron...
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