Los detalles de la 'Operación Ramiro'
"Tenemos que traerlo. Urgente".En junio, desde el Ministerio de Justicia le hicieron llegar el mensaje al canciller Teodoro Ribera, quien llevaba unas pocas semanas en el cargo. El recado se refería a Mauricio Hernández Norambuena (Comandante Ramiro), exdirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez -condenado a dos cadenas perpetuas por el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards- quien cumplía cárcel en Brasil por el secuestro del empresario Washington Olivetto en 2002, plagio que duró 53 días.La prisa estaba justificada. Hacía más de un año que en la cartera encabezada por Hernán Larraín sabían que "Ramiro" podía recibir beneficios penitenciarios en Brasil, lo que aumentaba un peligro de fuga.De hecho, ya había advertencias al respecto desde el gobierno de Brasil.La "misión Ramiro" comenzó formalmente el año pasado, cuando el embajador de Chile en Brasil, Fernando Schmidt, manifestó a las autoridades locales la preocupación de La Moneda por la posibilidad de que Hernández Norambuena recibiera algún beneficio en su condena.La respuesta emitida por Brasil preocupó a Cancillería y Justicia: se comunicaba que Hernández Norambuena ya había cumplido los requisitos para avanzar hacia un régimen carcelario semiabierto, algo que se confirmó cuando, en enero de este año, fue trasladado -desde la cárcel de máxima seguridad donde se encontraba- a un recinto común, en São Paulo.Además, en conversaciones diplomáticas, Brasil manifestó que ya no estaba en condiciones de seguir prorrogando -algo que ya había hecho en 2018- la reclusión.La única opción de que esto no pasara era que Chile aceptara la condición que impone la ley brasileña en los casos de extradición: la conmutación de las dos penas de cadena perpetua por una de reclusión no mayor a 30 años, el máximo permitido por el sistema judicial de Brasil. Algo que ya se le había comunicado al país en 2004, cuando La Moneda hizo la solicitud original, que fue aceptada con esa misma condición.Fueron las autoridades brasileras las que en mayo apresuraron las acciones al convocar al embajador Schmidt para decirle que pronto se comunicaría formalmente al Estado chileno que se daría curso a la extradición solicitada. Sin embargo, se advirtió que si no había un compromiso para conmutar las penas, en 30 días corridos se produciría la caducidad de la extradición concedida. Asimismo, se expresó que la decisión se entregaría por nota verbal en un corto plazo.Ante esto, la embajada pidió a las autoridades brasileñas demorar ese proceso, en consideración a los desafíos legales que implicaba acceder al compromiso. Así, ambas...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba