Desmunicipalización de colegios ya es ley, pero persiste doble interpretación
"Estamos a tiempo de hacer un gran esfuerzo país para rescatar nuestra educación pública, que marque estándar y sea una opción real para las familias chilenas", dijo, emocionada, Delpiano.
La iniciativa de Nueva Educación Pública, que se debatió por 23 meses, traspasará los casi 5.500 colegios municipales del país a 70 servicios locales de educación. En marzo, estarán funcionando los primeros dos (Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel) y estarán instalados otros dos (Coquimbo y Andacollo)
La meta es que a 2021 estén instalados 11 servicios, y a 2025, los otros 59. Pero si una comisión de expertos evalúa que la desmunicipalización no marcha bien, esta se podría prorrogar hasta 2030.
Si bien el proyecto fue despachado a ley, hay un punto en el que el oficialismo y Chile Vamos aún no se ponen de acuerdo: qué pasará con los colegios de los municipios con buena gestión en educación.
Doble interpretación
En sus artículos transitorios, el texto establece que los municipios que cumplan una serie de condiciones pueden postergar su ingreso al sistema (ver recuadro). Según Delpiano, todas las escuelas deberán desmunicipalizarse antes del 31 de diciembre de 2030. "Entran todos los colegios y la facultad de permitir que un municipio continúe o no (con sus colegios) siempre estará en el Ministerio de Educación", señaló.
Su par de la Segpres, Gabriel de la Fuente, añadió que "el sistema de educación pública es uno solo; tiene un momento de término en su transición, y allí todos los municipios van a tener que estar en el nuevo sistema".
Pero Chile Vamos piensa distinto. "Si estamos en el año 2030, y hay una comuna que lo está haciendo extraordinariamente bien en la gestión de educación, ¿habrá alguien que parará el dedo para decir que no siga gestionando la educación? Sería completamente absurdo", planteó el senador Andrés Allamand (RN).
Ena von Baer (UDI) lo respaldó: "Esto es súper claro: los municipios que lo hagan bien se pueden quedar con las escuelas de manera indefinida".
Jorge Barrera, asesor legislativo de la oposición, argumenta que el artículo sobre los traspasos plantea que a los municipios "no se les van a aplicar los plazos establecidos en los artículos anteriores", y esos son los de (los años) 2025 o 2030. Precisa que si alguien "entra en la postergación, tiene un derecho adquirido (...) por lo tanto ningún gobierno podría restarlo de este sistema de postergación si es que está cumpliendo con cada uno de los requisitos".
"Mejor que antes"
Si bien...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba