Desarrollo de territorios costeros turisticos en Mexico mediante la autogestion con base sistemica.
| Autor | Jim |
Introducción
Las zonas costeras se han identificado en general como escenarios propicios para el desarrollo de actividades turísticas, lo que ha motivado la migración hacia ellas, el consiguiente aumento en la demanda de espacios y el incremento de la estructura urbana, del consumo de recursos y de la generación de desechos (Alves, Ballester, Rigall, Ferreira & Benavante, 2017; Derrick & Xue, 2017; Lozoya, Sardá & Jiménez, 2014).
El crecimiento poblacional y turístico en las zonas costeras se ha caracterizado por un modelo de aprovechamiento intensivo del espacio basado en la creación de construcciones hoteleras y de segundas residencias en los frentes de playa, masificación, destrucción de hábitats y modificación del paisaje (Hidalgo, Arenas & Santana, 2016). Así, la influencia an trópica en las costas ha provocado cambios territoriales no siempre a favor del ambiente. En diversos puntos, las playas se están transformando por la contaminación y la invasión urbana, lo que ha derivado en el incremento de la vulnerabilidad ante riesgos naturales y, en algunos casos graves, en la erosión de la línea costera (Portal, Espinoza & Carreño, 2014; Pulido & López, 2016).
Durante el auge del turismo de sol y playa, se consideraba la zona costera como mero escenario y recurso turístico; sin embargo, se ha reorientado tal perspectiva y se ha comprendido que los entornos costeros son vitales para la regulación climática y el equilibrio ecológico, y no únicamente como recurso económico. La transición de la perspectiva sobre los espacios costeros invita a reflexionar sobre los mecanismos de gestión que han prevalecido en tales territorios. En este contexto, los gobiernos desempeñan un papel fundamental, pues en países como Panamá, República Dominicana, Cuba y México, las zonas costeras son espacios públicos y, en tanto tales, su administración está a cargo del sector público (Barragán, 2012; Remond, González & Navarro, 2015).
México cuenta con aproximadamente 11.000 km de litoral distribuidos en 17 entidades federativas costeras. En estas se ha detectado, en los últimos años, una mayor presión ambiental en los litorales, principalmente por el desarrollo turístico, la falta de una adecuada planeación y la inobservancia de la normatividad ambiental, pues ha primado el interés por comercializar el espacio para la instalación de estructura turística como hoteles, condominios, campos de golf, marinas y obras complementarias, que no siempre cumplen con los estándares necesarios para el cuidado del ambiente. Este interés, además, ha promovido la instalación de infraestructura básica para el desplazamiento de turistas y residentes, lo que contribuye al consumo de los recursos y del espacio costero, así como a la generación de contaminantes (Martínez et al., 2014; Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 2014).
En México, las acciones de gobierno tendientes a regular las actividades y usos de las playas se han basado en la implementación de políticas públicas, normativas, programas y certificaciones. Estas acciones han buscado la integración de dependencias y órganos gubernamentales para avanzar coordinadamente hacia un manejo articulado, incorporando en su regulación y planeación el concepto de Gestión Integral de la Zona Costera (Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas, 2012; Espinoza et al., 2014; Muñoz & Le Bail, 2017; Rodríguez & Brown, 2012). Tales iniciativas se complementaron con medidas de evaluación ambiental y ordenamientos ambientales que buscaban regular las consecuencias de las actividades económicas en las zonas costeras del país. No obstante, pese a las iniciativas del gobierno, los destinos de sol y playa presentan problemas de contaminación, disminución de la biodiversidad, presión ambiental, invasión de hábitats, remoción de especies y afectación de la calidad estética del paisaje (Sampedro, Ávila, Arredondo & Espejo, 2015; Torruco, González & Torruco, 2013).
Frente a tal situación, se considera que los esfuerzos realizados para alcanzar la integralidad en la gestión de zonas costeras en México son insuficientes. Pese a que se quiere llegar a una integración, se parte de una visión fragmentada basada en la planeación a nivel macro, obviando las peculiaridades socioculturales de cada entorno. En este sentido, este trabajo busca aportar una perspectiva holística que contribuya a lograr esa integración, partiendo de un nivel micro (es decir, del nivel playa), a fin de ascender y lograr esa anhelada gestión integral de zonas costeras.
Revisión teórica
La problemática ambiental derivada del aprovechamiento costero suscitó la generación de corrientes de gestión que consideran la necesidad de una interacción respetuosa de hombre y naturaleza; entre dichas modalidades, el Manejo Costero Integrado (MCI) y el Sistema de Gestión Basado en Ecosistemas (EBMS, por sus siglas en inglés), derivadas de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (Derrick & Xue, 2017; Muñoz & Le Bail, 2017; Portman, Steves, Le & Khan, 2012).
El MCI se ha difundido como el proceso de gestión que promueve la integración gubernamental a fin de crear e implementar políticas públicas de corte social, económico y ambiental para el uso sostenible de las zonas costeras e, incluso, marinas. El punto de partida de estas propuestas es la noción de sistemas costeros mayores, donde se generaliza la problemática ambiental y social de las playas. Dichas intervenciones requieren, sin embargo, fuertes inversiones de tiempo y de dinero, además de que los marcos que provee su noción básica--manejo costero integrado--no son claros en cuanto a la integración social. En adición, debido a que son procedentes del sector público, los procesos de implementación que se generan quedan sujetos a los cambios en las agendas por las sucesiones de gobiernos (De Avellar, García & Jara, 2014; Derrick & Xue, 2017; gesamp, 1969, 1999; Reis, Stojanovic & Smith, 2014; Sardá et al., 2015; Uehara & Mineo, 2017; Uehara, Niu, Chen, Ota & Nakagami, 2016; Unesco, 2017).
Por su parte, el EBMS aborda con mayor interés el problema ambiental de los ecosistemas costeros; en esta línea, considera implementar el enfoque ecosistémico y de riesgos en la gestión de bienes públicos. El propósito de este enfoque es combinar el conocimiento científico sobre los ecosistemas marinos para proveer marcos que permitan a las organizaciones, de cualquier tipo que sean, reducir su impacto ambiental (Chen & Ning, 2016). Su aplicación se basa en el estudio de ecosistemas complejos, especialmente la parte marina y su dinámica con el sistema humano, pero este abordaje limita la incorporación de particularidades sociales y la influencia del comportamiento de una determinada sociedad. Además, del mismo modo que el MCI, su implementación es desafiante, lenta y costosa (Buhl et al., 2017; Domínguez, Metternicht, Johnston & Hedge, 2016; Matsuda & Kokubu, 2016; Sander, 2018; Wasson et al., 2015).
Recientemente se ha difundido una corriente japonesa que busca dar cuenta de la experiencia de dicha cultura con el sistema costero. El movimiento se ha denominado satoumi, noción que refiere a la conexión entre el océano y el humano: "sato" significa el área donde habita una comunidad o pueblo local y "umi" hace referencia al mar. La difusión de esta corriente se fundamenta en una experiencia que demuestra una interacción respetuosa entre el hombre, la costa y el mar. Se basa en el conocimiento tanto tradicional como científico, promueve la integración social y es un ejemplo de aprovechamiento sostenible de los recursos marinos (Henocque, 2013; Matsuda & Kokubu, 2016; Mizuta & Vlachopoulou, 2017; Sakurai, Ota & Uehara, 2017; Uehara & Mineo, 2017).
Para Uehara et al. (2016), el concepto de satoumi trata de cómo los paisajes marinos y costeros se han transformado en un estado deseado a través de la interacción humana prolongada. Tal enfoque representa una guía para el manejo de zonas costeras, ya que implica que deja de ser un estado pasivo de conservación basado en políticas de control, para constituirse en un sistema activo que promueve la restauración de la biodiversidad, la productividad biológica y la conservación (Berque & Matsuda, 2013).
Además de estos enfoques de gestión de zonas costeras, se han desarrollado esquemas de certificaciones orientadas a validar el ordenamiento de dichas zonas, bajar los índices de contaminación y mejorar los servicios en las playas; en esta línea están, por ejemplo, el distintivo Bandera Azul y las normas de calidad iso 14000 e iso 9001, adoptados a nivel internacional. De manera particular, los países latinoamericanos han desarrollado esquemas de certificación y gestión para sus propias demarcaciones, como Playa Natural de Uruguay, Índice de Calidad Ambiental en Playas Turísticas (ICAPTU) de Colombia, Norma Técnica Sectorial Colombiana (NTS-TS-001-2), Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT) y Gestión de la Calidad, la Seguridad y Ambiental en Balnearios (IRAM 42100) de Argentina, Premio Ecoplayas de Perú, Playa Ambiental de Cuba y la Norma Mexicana NMX-AA-120-SCFI-2016 (Requisitos y especificaciones para la sustentabilidad de la calidad de playas). Estos distintivos ambientales se centran en aspectos estéticos, pero descuidan el trabajo permanente (Bombana, Conde & Polette, 2016; Botero et al., 2014; Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, 2013; Intendencia de Montevideo, 2017; iso, 2016; Pronatura México, 2015).
La revisión de estas aportaciones sobre gestión de costas resulta importante para contextualizar las medidas implementadas a fin de mejorar la interacción entre la actividad humana y el ecosistema. Los enfoques revisados, especialmente MCI y EBMS, muestran marcos de referencia para la generación de políticas, planes y programas a nivel macro; sin embargo, presentan limitaciones al abordar la pluralidad de intereses que predomina en los espacios turísticos (Espinoza et al., 2014). Al...
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