Deroga ley N° 20.657, que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y, regulaciones para la investigación y fiscalización, la ley General de Pesca y Acuicultura, contenida en ley N° 18.892 y sus modificaciones.
| Fecha | 13 Junio 2013 |
| Número de Iniciativa | 8990-21 |
| Fecha de registro | 13 Junio 2013 |
| Etapa | Archivado |
| Autor de la iniciativa | Aguiló Melo, Sergio, Carmona Soto, Lautaro, Gutiérrez Gálvez, Hugo, Teillier Del Valle, Guillermo |
| Materia | PESCA ARTESANAL, PESCA INDUSTRIAL, PESCA Y ACUICULTURA, RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS |
| Cámara Legislativa de Origen | Moción,Cámara de Diputados |
| Tipo de proyecto | Proyecto de ley |
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Deroga la ley N° 20.657, que modifica en el ámbito de la |
CONSIDERANDO
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Que desde que esta ley ingresó al Parlamento y durante toda su tramitación, fue objeto de un gran debate y cuestionamiento, tanto por sus contenidos contrario a los intereses nacionales y de los pescadores artesanales, como por la presión indebida que ejercieron sobre los parlamentarios diversos grupos económicos vinculado al sector pesquero y que buscaban beneficiarse con la ley. Esto lo hicieron directamente, a través de los medios de comunicación, dentro de la propia institucionalidad pesquera nacional, así como en información alarmista que entregaban a los trabajadores de la propia industria de la pesca.
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Durante estos diez años, los industriales han concentrado ganancias por 9 mil millones de dólares, pero nunca han pagado por la asignación de las cuotas, que según el propio Ministro de Economía, Pablo Longueira, alcanzan una valoración de 743 millones de dólares anuales. Solo están obligados a pagar una patente por operar sus embarcaciones, lo que equivale a un 0,6 por ciento de sus exportaciones. De esta manera, pese a que Chile es uno de los top diez en descargas pesqueras del mundo, el sector hoy solo aporta un 0,4 por ciento del PIB del país, cifra que ha venido a la baja debido tanto a nuevas formas de medición aunque sobre todo, por el nivel de sobre explotación pesquera. Cabe añadir que pese a esta baja, el volumen de las exportaciones creció en 8% entre el 2011 y el 2012, profundizando el colapso de las pesquerías y en plena discusión de la Ley de Pesca. Y es este el rasgo más destacado de la explotación pesquera
chilena: la sobre explotación como lo testimonia, la virtual desaparición del jurel, a ello se suman la absorción de las pymes por parte de la industria.
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Que las sospechas respecto al lobby indebido y entregas de dinero por parte del empresariado pesquero a algunos parlamentarios, con estupor nacional se corroboró, cuando el país conoció la denuncia pública que ha estremecido a la ciudadanía, al comprobarse que la empresa CORPESCA habría entregado una cantidad de dinero para la campaña de la Diputada por Iquique, Marta Isasi.
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Que la empresa CORPESCA cuyos accionistas fundamentales son Roberto Angelini y Sergio Lecaros, tiene instalaciones en Arica, Mejillones, Tocopilla, Santiago, Puerto Montt e Iquique. Esta empresa exporta alrededor de un cuarto de la harina de pescado de Chile y además, posee cuotas en jurel, sardina española y anchoveta. En el Código de Ética de dicha empresa, se señala que es un deber cumplir con la legalidad vigente así como mantener una comunicación transparente y honesta con los distintos actores. La renuncia del Gerente General Francisco Mujica y su reemplazo por Claudio Elgueta Vera, refleja que por parte del Ejecutivo de la empresa, hubo una infracción de conducta esperada y establecida de la cual tuvo conocimiento. La actitud del ejecutivo Mujica es de una extensión desconocida y sus alcances son hasta ahora, igualmente desconocidos. Ahora bien, según la propia declaración de estados financieros del año 2012, sólo en términos de su activo corriente en efectivo, CORPESCA tiene más de 40 millones de dólares. Estamos hablando entonces, de una empresa importante ligada a una de las familias más adineradas de este país.
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Esta situación, ha puesto en tela de juicio la ley de pesca también denominada "Ley Longueira", aprobada por el Parlamento, por ser una ley viciada, debido a que ha sido obtenida mediante presiones de las grandes empresas y también de acuerdo a lo que investigan los tribunales, mediante coimas y sobornos, lo cual viola la soberanía popular la que ha sido alterada por estas prácticas constitutivas de delito.
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Claramente una ley que se ha obtenido bajo soborno y lobby indebido del empresariado pesquero, es una ley viciada, que carece de toda legitimidad y legalidad ante la ciudadanía y por tanto, consideramos que el Presidente de la República debe enviar al Parlamento una nueva ley de pesca, que represente realmente los intereses nacionales y de los pescadores artesanales.
Pese a sus insistencias y denuncias, los pescadores artesanales no fueron ...
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