Derecho a informar - 12 de Abril de 2017 - El Mercurio - Noticias - VLEX 677057013

Derecho a informar

Ya hay pocas dudas de que el llamado fraude en Carabineros -la fiscalía investiga delitos de malversación de caudales públicos, asociación ilícita y lavado de dinero- es uno de los sucesos de mayor gravedad patrimonial que hayan afectado a una institución del sector público en los últimos años. Ello no solo por los montos defraudados -ya van 16.500 millones de pesos, pero se especula que puede ser mucho más-, sino que también por la cantidad y jerarquía de las personas involucradas -a la fecha hay 25 formalizados, 17 uniformados (entre ellos un general, un coronel y seis tenientes coroneles) y ocho civiles, y en mayo se formularán cargos a otros 10 imputados- y por la impunidad con que pudieron operar al margen de controles internos y externos por cerca de una década.

Frente a hechos de esta gravedad, que comprometen a una institución tan trascendental como Carabineros de Chile, paradójicamente los medios de comunicación tienen serias dificultades para informar, particularmente porque nuestra legislación que regula el lavado y blanqueo de activos (Ley 19.913) contiene una disposición que sanciona expresamente a "todo aquel que, de cualquier modo, informe, difunda o divulgue información relativa a una investigación e, incluso, al hecho de estarse realizando esta". Se trata de una norma de más que dudosa constitucionalidad que no solo va en contra de una de las bases del nuevo proceso penal, como es la publicidad, sino que sobre todo afecta en su esencia la libertad de expresión. En efecto, de acuerdo con los estándares reconocidos por la mejor doctrina y jurisprudencia nacional e internacional, tratándose de informaciones, el único límite deben ser los criterios de veracidad e...

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