Derecho a la educación y libertad de enseñanza
| Autor | Libertad y desarrollo |
| Páginas | 7-9 |
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FEBRERO 2022 / SERIE INFORME LEGISLATIVO 67
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3. DERECHO A LA EDUCACIÓN Y
LIBERTAD DE ENSEÑANZA
Uno de los puntos álgidos a ser discutidos en la Conven-
CE
en la prestación de los denominados “derechos socia-
les”, debido a la expectativa que existe en algunos secto-
res respecto al impacto que ello puede llegar a tener en
su correcta materialización. Así, desde los grupos más
radicales de la izquierda, se plantea que la satisfacción
de las demandas sociales sólo se podría lograr con un
Estado más poderoso, incrementando su rol prestador
y poniendo límites a su rol subsidiario. La gran ame-
nazada entonces podría ser la iniciativa privada, una
de las formas en las que se despliega la libertad de las
personas, tanto para emprender y colaborar en la solu-
ción de problemas públicos, como para satisfacer las
propias necesidades.
En la redacción de la nueva Constitución es posible que
la discusión en materia educacional esté marcada por la
falsa disyuntiva entre el derecho a la educación y la li-
bertad de enseñanza. No obstante, en realidad son dos
caras de una misma moneda, que sin ser iguales se nece-
sitan una de la otra para la satisfacción armoniosa de to-
El argumento para incluir el derecho a la educación en
la Constitución es la importancia que ésta tiene para el
desarrollo de las facultades de la persona humana, lo que
E
de oportunidades para todos. No obstante, el que el Es-
tado deba cumplir con dicha garantía no exige que sea
éste el que deba simultáneamente proveer el servicio de
forma exclusiva.
A su vez, para ser educado y para que los padres puedan
ejercer su derecho a educar a sus hijos en concordancia
con sus valores y preferencias, es necesario que otros ten-
gan el derecho de abrir, organizar y mantener escuelas
que ofrezcan dichas alternativas. Y esto es precisamente
a lo que apunta la libertad de enseñanza: es el derecho
tanto a elegir, como a ofrecer proyectos educativos que
representen la diversidad presente en la población. Al
Estado, entonces, le corresponde no sólo respetar di-
chos derechos, sino también protegerlos para impedir
que terceros los limiten, así como poner a disposición
de las personas facilidades para acceder a la educación
cuando no puedan obtenerla por sus propios medios.
Para materializar esta última obligación, el Estado pue-
a las personas más vulnerables. Esto es lo que dispone la
actual redacción constitucional del derecho a la educa-
ción y la libertad de enseñanza. Establece asimismo de-
beres: el de la sociedad de aportar al desarrollo educacio-
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