Decreto núm. 164, publicado el 04 de Diciembre de 2023. APRUEBA POLÍTICA NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD 2023-2028
| Publicado en | Diario Oficial |
| Emisor | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA |
| Rango de Ley | Decreto |
APRUEBA POLÍTICA NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD 2023-2028
Núm. 164.- Santiago, 16 de junio de 2023.
Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 24, 32 Nº 6 y 35 del decreto supremo Nº 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile; en el decreto con fuerza de ley Nº 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la ley Nº 19.880 de bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado; en la ley Nº 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos cuerpos legales; en el decreto supremo Nº 533, de 2015, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que crea el Comité Interministerial sobre Ciberseguridad y su modificación mediante el decreto supremo Nº 579, de 2020, de la misma cartera de Estado; en el instructivo presidencial Nº 1, de 27 de abril de 2017, que Instruye Implementación de la Política Nacional sobre Ciberseguridad; en el acuerdo del Comité Interministerial sobre Ciberseguridad, tomado en sesión de fecha 25 de mayo de 2023, que aprueba la propuesta de Política Nacional de Ciberseguridad para el período 2023-2028; y la resolución Nº 7, del año 2019, de la Contraloría General de la República;
Considerando:
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Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 20.502, corresponde al Ministerio del Interior y Seguridad Pública concentrar las decisiones políticas, así como coordinar, evaluar y controlar la ejecución de planes y programas en materia de seguridad pública, para lo cual puede solicitar la colaboración de los demás organismos que integran la Administración del Estado, propendiendo a la unidad de acción.
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Que, durante los últimos años las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) han tomado un rol fundamental en la manera de desenvolvernos como sociedad. La consolidación de este mundo digital ha traído múltiples oportunidades efectivas de bienestar y crecimiento tanto social como económico; sin embargo, este tejido digital es frágil porque implica inevitablemente una serie de riesgos y amenazas para la seguridad de las personas.
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Que, nuestro país enfrenta desafíos importantes en la materia, teniendo un nivel medio de madurez en comparación al resto del escenario internacional, conforme lo indica el Índice Mundial de Ciberseguridad de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En el Índice Mundial de Ciberseguridad del año 2020, Chile se encuentra en el lugar 74 a nivel mundial, y en el 7º lugar en América (debajo de Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Uruguay y República Dominicana). En este índice, Chile se destaca por su avance en medidas legales, medidas organizacionales y de cooperación; sin embargo, se queda atrás en el ámbito técnico. En el Índice Nacional de Ciberseguridad, desarrollado por Estonia y actualizado de forma continua, Chile se encuentra al año 2023 en el lugar 53 entre 175 países, y en el 6º lugar en Latinoamérica y el Caribe, debajo de República Dominicana, Argentina, Paraguay, Perú y Uruguay. En este ranking, que consta de 12 áreas distintas, Chile se destaca en desarrollo de políticas de ciberseguridad, lucha contra el cibercrimen y operaciones militares; pero se queda atrás en protección de servicios esenciales, protección de servicios digitales, gestión de crisis y protección de datos personales.
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Que, el programa de gobierno establece, en materia de derechos digitales, la protección de la información y ciberseguridad, y la implementación robusta de la Política Nacional de Ciberseguridad (en adelante "Política" o PNCS), que es el instrumento de planificación del Estado de Chile en materia de ciberseguridad y que tiene por objeto contar con un ciberespacio libre, abierto, seguro y resiliente, otorgando, a su vez, especial protección a mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y diversidades sexogenéricas.
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Que, a través del decreto supremo Nº 533, de 2015, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se creó el Comité Interministerial sobre Ciberseguridad, a quien se le encomendó la misión de proponer una política nacional de ciberseguridad, sugerir alternativas de seguimiento a su avance e implementación, y asesorar en la coordinación de acciones, planes y programas en materia de ciberseguridad de los distintos actores públicos y privados en la materia.
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Que, con fecha 25 de mayo de 2023, en el Palacio La Moneda, comuna de Santiago, Región Metropolitana, se llevó a cabo la sesión del Comité Interministerial sobre Ciberseguridad, en la que se aprobó la propuesta de Política Nacional de Ciberseguridad 2023-2028, por la unanimidad de los miembros presentes con derecho a voto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto del decreto supremo Nº 533, de 2015, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
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Que, la referida propuesta de Política Nacional de Ciberseguridad 2023-2028, es el resultado de un proceso participativo que consideró la opinión de numerosos actores del mundo público y privado, quienes a través de audiencias públicas y consultas ciudadanas expresaron sus preocupaciones y visiones sobre los problemas y desafíos que conlleva la vida digital. Asimismo, para la construcción de la Política se siguieron las recomendaciones de la Guía para desarrollar una estrategia nacional de ciberseguridad, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones(1); se observó la experiencia de países con un nivel similar al nuestro en la materia, como Argentina, Uruguay y República Dominicana, y de otros más avanzados, como Israel, Reino Unido y Estados Unidos; se consultaron diversas publicaciones internacionales y se realizó una evaluación del proceso de implementación de las medidas de la primera Política Nacional de Ciberseguridad.
Decreto:
Apruébase la Política Nacional de Ciberseguridad, para el período 2023-2028, cuyo texto es el siguiente:
POLÍTICA NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
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Introducción
Las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) juegan un papel fundamental en las actividades diarias y en el bienestar de las personas, en la generación de riqueza para los países, en la provisión de servicios básicos para las sociedades, y en la seguridad y soberanía de las naciones. Tanto la cantidad y variedad de usos que damos a las TIC como el número de personas con acceso han aumentado de forma acelerada en los últimos 20 años, generando nuevas oportunidades de desarrollo social y crecimiento económico. Sin embargo, la tecnología es inherentemente vulnerable. La mayor parte de las TIC no fueron diseñadas pensando en la seguridad de la información, posibilitando que diversos actores sean capaces de dañar a personas y organizaciones a través de estas tecnologías.
En abril de 2017, la entonces presidenta Michelle Bachelet lanzó la primera Política Nacional de Ciberseguridad de Chile, que contenía cinco objetivos de política pública en materia de ciberseguridad, y una serie de 41 medidas a ser implementadas entre los años 2018 y 2022. La Política fue confirmada por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, progresando en el diseño de la institucionalidad y el fortalecimiento del marco regulatorio, y permitiendo al país avanzar de manera decidida en los retos que enfrentamos. Los desafíos se han diversificado y complejizado, y el escenario global cambia de forma acelerada, lo que hace necesario robustecer con celeridad las mismas áreas de protección consideradas en la primera política, y generar nuevas capacidades para adaptarnos a circunstancias distintas de las que se previeron hace cinco años.
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(1) Guide to Developing a National Cybersecurity Strategy, 2nd edition 2021.
El gobierno del presidente Gabriel Boric ha continuado con el proceso de implementación de la Política Nacional de Ciberseguridad 2017-2022 y ha impulsado la discusión del proyecto de ley marco sobre ciberseguridad, poniendo especial énfasis en la protección y defensa de los derechos de las personas, la equidad de género, y la profundización de la democracia. Se ha procurado brindar protección a aquellos grupos que se ven mayoritariamente afectados por la violencia digital y los ciberdelitos, teniendo en consideración que las amenazas del ciberespacio no impactan a todos por igual, siendo las principales víctimas las mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y disidencias sexogenéricas.
Para incrementar nuestro nivel de madurez en ciberseguridad, necesitamos contar con un ciberespacio libre, abierto, seguro y resiliente, tal como fue planteado en la primera Política Nacional de Ciberseguridad, que constituyó una política de Estado y, como tal, debe ser renovada.
La presente Política es el resultado de la participación de numerosos actores del mundo público y privado, que a través de audiencias públicas expresaron sus preocupaciones y visiones sobre los problemas y desafíos que conlleva la vida digital. La sociedad civil tuvo un rol fundamental en su elaboración a través de dos consultas ciudadanas, una previa y otra posterior a su redacción. Para su elaboración se siguieron las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)(2), se observó la experiencia de países similares y más avanzados, se consultaron diversas publicaciones internacionales (3) y se realizó una evaluación del proceso de implementación de las medidas de la primera Política. Esta segunda política representa tanto una continuación de los esfuerzos de la primera, como una readecuación del foco para los próximos años producto de la revisión de los cambios sucedidos desde entonces.
1.1. ¿Por qué necesitamos una...
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