La 'cruzada' de Gutiérrez y Aguiló para traer de vuelta al último chileno preso del MRTA en Perú
Hace cuatro años, la familia del ex emerretista se acercó a los diputados Gutiérrez y Sergio Aguiló (IC) para que, en su calidad de miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, pudieran interceder ante las autoridades peruanas con el objetivo de que Castillo Petruzzi pudiera terminar su condena en un penal chileno.
Aguiló y Gutiérrez han viajado en cuatro oportunidades a Lima para realizar diversas gestiones ante las autoridades del vecino país. La última vez fue hace unos seis meses.
En esa oportunidad Gutiérrez se entrevistó con el presidente de la Corte Suprema de Perú, Víctor Ticona; representantes del fiscal general de Perú, y con el ministro de Justicia del entonces Presidente Ollanta Humala, Alejandro Vásquez, más algunos parlamentarios.
El objetivo era que pudiera ser liberado. Sin embargo, sus esfuerzos resultaron infructuosos.
Incluso, luego de diversas reuniones con autoridades y diplomáticos de ambos países, impulsaron la firma de un convenio -que empezó a regir en 2013- para que chilenos condenados en Perú -y peruanos en Chile- pudieran cumplir las penas en su nación de origen, para no estar lejos de sus familia. Sin embargo, la justicia limeña, al considerar sus delitos como terroristas, expresó que no "iba a aplicar el convenio" en el caso de Castillo Petruzzi.
"Me tocó ir al Parlamento de Perú a hacer lobby para que los legisladores aprobaran el convenio, que Chile tiene con varios otros países, pero no resultó", explica el diputado Aguiló.
A finales de octubre, Castillo Petruzzi terminaría de cumplir su sentencia. Sin embargo, mantiene una deuda pendiente: su privación de libertad va de la mano con una pena pecuniaria. Según el fallo, el ex emerretista debe pagar una indemnización de 250 mil soles al Estado peruano, cerca de 50 millones de pesos.
De acuerdo a los diputados, este año sus abogados presentaron un recurso judicial solicitando "prescripción de deuda por preferencia de pobreza", alegando que como llevaba 23 años en presidio, no tenía dinero ni bienes y que provenía de una familia de origen modesto. Argumento que no fue considerado.
Aguiló explica que "la corte de primera instancia peruana falló a su favor", pero que la Procuraduría General de Perú apeló para que el pago se mantenga en ese monto.
Las gestiones que realizará el diputado Gutiérrez en Perú están centradas en este punto. "No se le puede exigir un pago a alguien que no ha podido trabajar ni se puede encarcelar a alguien por deudas. Yo lo...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba