¿Criminales o disidentes? - 22 de Febrero de 2011 - El Mercurio - Noticias - VLEX 252292878

¿Criminales o disidentes?

Biagio Pilieri, ex periodista y alcalde, era poco conocido hasta no hace mucho en Venezuela. Pero en septiembre pasado fue elegido para ocupar un escaño en la Asamblea Nacional. No ha podido ocuparlo porque, a pesar de la inmunidad parlamentaria, está bajo arresto domiciliario, a la espera de que comience un juicio en su contra. Es el tercer proceso al que se le somete por corrupción, pese a haber sido absuelto del cargo anteriormente.

Pilieri es sólo uno más de dos docenas de venezolanos que, según opositores al Presidente Hugo Chávez, son prisioneros políticos. Entre éstos hay otros dos representantes electos. Miles de opositores han estado sometidos a una persecución política, la que ha abarcado desde la pérdida de empleos de gobierno hasta hostigamiento a través de tribunales. Algunos han escapado al extranjero.

El más destacado de los exiliados es Manuel Rosales, el candidato presidencial de la oposición en 2006. Un caso de corrupción en su contra, el que fue desechado por falta de evidencia, fue reactivado por Chávez en 2008 durante las elecciones regionales. "Yo mismo me pongo a la cabeza de la Operación 'Cárcel para Manuel Rosales'", manifestó Chávez a un grupo de partidarios que lo vitoreaba. Después de ser elegido alcalde de Maracaibo, la segunda ciudad de Venezuela, Rosales buscó refugio en Perú, país que ha otorgado asilo a varias otras figuras de la oposición.

El gobierno sostiene que todos aquellos que integran la lista opositora son delincuentes comunes. Hasta ahora, los organismos internacionales no han puesto en tela de juicio ese punto de vista. Pero el caso de María Lourdes Afiuni, una jueza que ha estado en prisión desde diciembre de 2009, está empezando a producir expresiones de condena.

El delito de Afiuni fue haber ordenado la liberación de Eligio Cedeño, un banquero que era otro autodenominado prisionero político, debido a que había estado detenido por casi tres años sin un juicio. Al hacerlo, ella estaba no sólo aplicando la ley venezolana (la que limita la detención previa a un juicio a no más de dos años), sino también una declaración sobre el caso de Cedeño que emitió el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria.

Chávez vio las cosas en forma muy diferente. Al día siguiente de su arresto, el Presidente la llamó "bandida" y exigió que fuera encarcelada...

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