Crea el Sistema de Educación Pública y modifica diversos cuerpos legales.
| Fecha | 03 Noviembre 2015 |
| Fecha de registro | 03 Noviembre 2015 |
| Número de Iniciativa | 10368-04 |
| Etapa | Tramitación terminada Ley N° 21.040 (Diario Oficial del 24/11/2017) |
| Materia | CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EDUCACIÓN, EDUCACIÓN PÚBLICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SERVICIOS EDUCACIONALES, SISTEMA DE EDUCACIÓN PÚBLICA |
| Cámara Legislativa de Origen | Mensaje,Cámara de Diputados |
| Tipo de proyecto | Proyecto de ley |
MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE CREA El SISTEMA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y MODIFICA OTROS CUERPOS LEGALES.
Santiago, 02 de noviembre de 2015.-
MENSAJE Nº 1174-363/
A S.E. EL
PRESIDENTE
DE LA H.
CÁMARA DE
DIPUTADOS.
Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración, en uso de mis facultades constitucionales, un proyecto de ley que tiene por objeto crear el Sistema de Educación Pública y modificar otros cuerpos legales.
I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE LEY
1. La reforma y el valor de nuestra educación pública
Hace poco más de un siglo, Valentín Letelier nos recordaba por qué las sociedades democráticas deben dar especial atención a su educación pública, señalando que “la escuela común es una institución esencialmente democratizadora […]. La escuela forma una república sujeta al régimen de la igualdad, república en que desaparecen las distinciones sociales de la fortuna i la sangre para no dejar subsistentes más que las de la virtud i el talento.”
Las palabras de este insigne educador reflejan el sentido y la esencia de la escuela pública. Aquella que tiene el mandato y la obligación de hacer todo lo que esté a su alcance para asegurar, de manera permanente y siempre renovada, los cimientos de una convivencia republicana y democrática, garantizando a todos y a todas, sin discriminación alguna, el acceso al conocimiento, la formación en actitudes y valores y el desarrollo de habilidades que nos permitan ser constructores de nuestras propias vidas, de nuestra cultura y nuestro futuro como Nación.
Inspirado en esos mismos valores, el proyecto de ley que hoy someto a vuestra consideración se propone sentar las bases para renovar y fortalecer la escuela pública chilena; comprometiendo en ello la responsabilidad del Estado y otorgándole, como condición primera y urgente, una institucionalidad adecuada y moderna. Buscamos de esta manera asegurar la existencia, la calidad y el desarrollo de nuestra educación pública, haciendo honor a tantos y tantas que a lo largo de nuestra historia se han educado y formado en ella para luego contribuir, desde los más diversos dominios, al desarrollo y engrandecimiento de Chile y su gente.
Este proyecto forma parte de las reformas que el país ha identificado como indispensables para mejorar nuestro sistema educativo, acercándolo a las mejores prácticas internacionales y reforzando los principios que lo fundan y guían, consagrados en nuestra Ley General de Educación. Se suma así, a las ya aprobadas leyes Nº 20.845, de inclusión escolar y Nº 20.835, que crea la institucionalidad para desarrollar la educación parvularia, y al futuro Sistema de Desarrollo Profesional Docente, actualmente en discusión en este Congreso. Todas estas iniciativas convergen en un mismo propósito: un sistema educacional de calidad e inclusivo, donde el Estado se hace garante efectivo del derecho a la educación y en donde la sociedad se asegura que el foco de todo establecimiento educacional, sea privado o público, es el deseo de educar y la mejora permanente de los procesos educativos.
Estas condiciones esenciales fortalecen nuestra democracia y convivencia social, y en un futuro cercano, permitirán que todos los hijos e hijas de nuestra patria tengan igualdad de oportunidades para desplegar todo su potencial y talento, la mayor riqueza de nuestra Nación.
2. Herencia y presente de nuestra educación pública
En sus 200 años de vida independiente la educación ha sido un pilar central para nuestro país. Gracias a ella, se ha trasmitido el sustrato cultural que nos permite reconocernos en una misma identidad, multicultural y diversa, poseedora de una historia compartida y un futuro común.
Tal como lo señalaba Camilo Henríquez en los albores del Chile independiente “El primer cuidado de los Legisladores ha de ser la educación de la juventud, sin la cual no florecen los Estados.” Desde ese mismo momento, la construcción del Estado, de la República y de la democracia, de igual manera que el desarrollo social, económico, cultural y artístico del país, estuvieron siempre profundamente vinculados a la educación.
Hitos de la etapa fundacional de nuestra Nación fueron la creación del Instituto Nacional (1813), la formación de las Escuelas Normales de Preceptores (1842) y de Preceptoras (1853) y la fundación de la Universidad de Chile (1842), que años después, acogería en su seno al Instituto Pedagógico (1889). A esta primera etapa le siguió la promulgación de la Ley Orgánica de Instrucción Primaria (1860) que entregó al Estado la responsabilidad de fomentar y dirigir dicha instrucción, haciéndola además, gratuita. Sobre tales principios se inició la expansión de las escuelas primarias fiscales y de las escuelas normales de formación de maestros y maestras. Como lo recuerdan Serrano, Ponce de León y Rengifo (2013), a partir de 1861 comenzó la organización del Estado Docente que se extendería hasta 1973. Sus mandatos incluían la tuición sobre los exámenes; el currículum obligatorio, aunque no excluyente; los grados académicos, y la inspección a las escuelas privadas, cuya fundación no se vio para nada restringida pero si reglamentada.
En agosto de 1920, y tras años de debate, Chile logró promulgar la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria que consagró cuatro años de escolaridad para todos los niños y niñas de Chile. La reforma de 1928 aumentó esta cifra a seis años y luego, la Reforma Educacional de 1965 la extendió a ocho años, fortaleciendo la responsabilidad del Estado en la materia. Para ello, fueron fundamentales la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales (1937); la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB (1964); y el Centro de Perfeccionamiento, Investigación y Experimentación Pedagógica, CPEIP (1967).
El proceso iniciado en 1965, permitió ampliar considerablemente el acceso a la educación general, pasando de aproximadamente 1.850.000 niños, niñas y jóvenes escolarizados, a poco más de 2.340.000 en 1970 y luego a casi 2.760.000 en 1973, llegando a un 91% de cobertura bruta para estudiantes de 6 a 18 años. Gracias a la creación en 1970 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, la educación parvularia también experimentó un crecimiento significativo, aumentando de aproximadamente 49.000 párvulos de 0 a 5 años en 1965, a poco más de 90.000 en 1973, de los cuales tres de cada cuatro asistían a salas cuna y jardines públicos.
Entre 1973 y 1990, la educación chilena sufrió numerosos cambios estructurales en su regulación, financiamiento e institucionalidad. Estos cambios modificaron profundamente sus bases y afectaron el creciente desarrollo del sistema educativo que Chile venía experimentando. El nuevo modelo socavó el compromiso del Estado con la educación pública e instauró una extrema desregulación del sistema.
Entre los principales cambios impuestos durante los años 80, uno de los más emblemáticos fue el traspaso directo de los establecimientos educacionales públicos, desde el Ministerio de Educación a los Municipios o a Corporaciones Municipales creadas para administrarles. Este cambio significó también el desahucio, traspaso forzoso y cambio de régimen laboral para profesores, asistentes de la educación y administrativos. Desapareció así el reconocimiento legal y específico a la labor docente, y sus remuneraciones disminuyeron considerablemente. Este traspaso de establecimientos exceptuó a 70 liceos técnicos para los cuales se creó el régimen de Administración Delegada, vigente hasta nuestros días.
Otros cambios realizados en esta década fueron: i) la subvención por asistencia media como factor de financiamiento, de fomento de la retención escolar y de la competencia entre escuelas por captar estudiantes; ii) la generación de incentivos para la creación de sostenedores privados, sin requisitos de calidad, razonabilidad territorial, ni regulación del uso o apropiación de los recursos destinados a educar; iii) la instalación de lo que hoy conocemos como Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, SIMCE, destinado principalmente a aportar información a las familias para facilitar la elección del establecimiento educacional para sus hijos e hijas; iv) la igualación de los montos de subvención para el sector municipal y particular subvencionado; y v) la disminución de dichos montos, entre 1981 y 1988, en aproximadamente un tercio de su valor inicial.
Se agregaron a estas políticas, condiciones desiguales de funcionamiento entre establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados. Por ejemplo, mientras los segundos podían discriminar a estudiantes y familias, los primeros asumían el deber de acoger a todos y todas. Asimismo, desde fines de los años 80 los establecimientos particulares subvencionados pudieron cobrar a las familias, situación que se extendió especialmente a partir de 1993 a través del llamado financiamiento compartido. Adicionalmente, la debilidad institucional de la educación pública municipalizada ya era visible en 1988, cuando se reconocía que el 94,5% de los municipios presentaba déficits financieros en su área educación.
En los últimos 30 años, la suma de estos elementos configuró un escenario de alta segmentación social y educativa, haciendo de la educación pública una alternativa poco...
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