Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. - Proyectos de Ley - Iniciativas legislativas - VLEX 914509709

Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Fecha18 Junio 2014
Número de Iniciativa9404-12
Fecha de registro18 Junio 2014
EtapaSegundo trámite constitucional (C.Diputados) Discusión general
MateriaSERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS, SISTEMA NACIONAL DE AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS
Tipo de proyectoProyecto de ley
Cámara Legislativa de OrigenSenado,Mensaje


Boletín N° 9.404-12


Proyecto de ley, iniciado en mensaje de S.E. la Presidenta de la República, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.





MENSAJE 161-362/





Honorable Senado:


A S.E. LA


PRESIDENTA


DEL H.


SENADO.

Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.


  1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS


  1. Nuestra Evolución Institucional


Los esfuerzos por crear una adecuada institucionalidad pública destinada a enfrentar el dilema de crecer con equidad social y de manera sostenible, tienen su primera expresión normativa relevante en nuestro país, durante el gobierno del ex Presidente Patricio Aylwin Azócar, con la dictación del Decreto Supremo Nº 240, del Ministerio de Bienes Nacionales, publicado el 5 de junio de 1990 que creó la Comisión Nacional del Medio Ambiente, cuya estructura de carácter interministerial y su tarea destinada al estudio, propuesta, análisis y evaluación de todas aquellas materias relacionadas con la protección y conservación del Medio Ambiente, sirvieron de base para trascendentes reformas institucionales que en pocos años se asentarían en el país.


También, a comienzos del año 1990 y mediante Decreto Supremo Nº 349, del Ministerio del Interior, publicado el 27 de abril de ese año, se creó la Comisión Especial de Descontaminación de la Región Metropolitana, cuyo principal aporte fue la elaboración del primer Plan de Descontaminación para la Región Metropolitana, conocido también como “Plan Maestro”, cuya composición, al igual que la Comisión Nacional del Medio Ambiente, fue de carácter interministerial.


Con la dictación de la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, publicada el 9 de marzo del año 1994, finalizando el gobierno del ex Presidente Aylwin, y fruto del trabajo encabezado por el entonces Ministro Secretario General de la Presidencia don Edgardo Boeninger Kausel, junto a la estrecha colaboración de don Rafael Asenjo Zegers, primer Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, se consolidó en Chile un modelo coordinador y transversal, que se había promovido desde el modelo del “Proyecto de Ley básica de protección ambiental y promoción del desarrollo sostenible” de 1993, elaborado para América Latina por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA.


El Mensaje de dicha ley, proyectaba los principales desafíos del país en materia de gestión y regulación ambiental, que quedarían consagrados en ésta a través de distintos instrumentos de gestión ambiental y de las facultades que se otorgaban a la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Los objetivos rectores de dicha regulación fueron la necesidad de contar con una política ambiental, la generación de legislación ambiental y la generación de institucionalidad pública ambiental. Asimismo, los principios que transversalmente inspiraron cada una de sus disposiciones, fueron la gradualidad y el realismo.


El modelo transversal y coordinador de la Ley Nº 19.300, cuya justificación inicial encontró sustento en la conveniencia práctica de mantener la institucionalidad preexistente integrando las distintas visiones sectoriales de los organismos competentes, procurando descentralizar sus funciones a través de las Comisiones Regionales del Medio Ambiente, experimentó su primer intento de rediseño institucional durante el gobierno del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, el año 1998, quien encargó a una “Comisión Presidencial de Modernización de la Institucionalidad Reguladora del Estado”, también conocida como "Comisión Jadresic", la evaluación y propuesta de reforma a los organismos encargados, entre otras materias, de proteger el medio ambiente.


A su vez, al menos tres informes sucedieron a dicha Comisión Presidencial: Uno, encargado a fines de 1998 por la propia CONAMA a diversos Centros de Estudios; otro, encargado a la denominada “Comisión de reforma a la Ley Nº19.300” (o “Comisión Castillo”); y un informe preparado por la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del PNUMA, en el marco de un programa de asistencia técnica que dicho organismo prestó a CONAMA el año 2000.


La demanda por una gestión ambiental con mayores niveles de eficiencia, fue evidenciando las dificultades que presentaba una institución coordinadora y de carácter transversal en una estructura de Administración Pública eminentemente vertical.


Asimismo, la concentración de las principales funciones de gestión ambiental en un solo organismo evaluación ambiental de proyectos, fiscalización y generación de política pública, también fueron mermando la capacidad del Estado de afrontar adecuadamente el creciente número de industrias, proyectos y actividades de alto impacto ambiental que experimentó el país desde el retorno de la democracia.


En tal dirección, el proceso de rediseño institucional continuó gestándose a través de un amplio consenso político, académico y ciudadano, que se vio reflejado con la promulgación el 15 de marzo de 2007, de la Ley Nº 20.173, que creó el cargo de Ministro Presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, confiriéndole el rango de Ministro de Estado.


Dicha responsabilidad, le correspondió ejercerla a la ex Ministra Presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, doña Ana Lya Uriarte, quien recibió el mandato, en cumplimiento de un acuerdo con la Honorable Cámara de Diputados, respecto a que correspondería al primer Ministro designado, en ejercicio de sus funciones propias y dentro del ámbito de sus competencias, formular y presentar al Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, una propuesta de rediseño de la institucionalidad ambiental.


Fue así, que junto a un destacado equipo de académicos y expertos, se ingresó a tramitación al Congreso Nacional, con fecha 3 de julio de 2008, una profunda reforma a la institucionalidad ambiental, que reflejaba, además de los esfuerzos mencionados, el intento de diversos parlamentarios a través de más de 80 mociones que se encontraban en tramitación, de introducir cambios en la institucionalidad ambiental vigente desde 1994.


Así, luego de un amplio acuerdo político en el Congreso Nacional de fecha 26 de octubre de 2009, al que concurrieron la ex Senadora Soledad Alvear, el ex Senador Pablo Longueira, el Senador Andrés Allamand, el Senador Antonio Horvath, el Senador Juan Pablo Letelier, el ex Senador Ricardo Nuñez, junto al ex Ministro de Hacienda Andrés Velasco y la ex Ministra Presidenta de la CONAMA Ana Lya Uriarte, se publicó con fecha 26 de enero de 2010, la Ley N° 20.417, la cual rediseñó nuestra institucionalidad ambiental, optando por un modelo que distinguió las competencias de política y regulación, de las de gestión y de fiscalización.


De esta manera, se dejaba atrás el modelo coordinador, y se creaba formalmente el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente. Sin embargo, el órgano fiscalizador, de acuerdo al artículo noveno transitorio de la Ley Nº 20.417, sólo comenzaría a ejercer su potestad fiscalizadora y sancionatoria una vez que comenzara su funcionamiento el segundo tribunal ambiental, actual Tribunal Ambiental de Santiago.


El 28 de junio de 2012, se publicó la Ley Nº 20.600, que creó los Tribunales Ambientales, comenzando sus funciones jurisdiccionales el 4 de marzo de 2013, a través del Tribunal Ambiental de Santiago.


Del mismo modo, el artículo octavo transitorio de la Ley Nº 20.417, estableció la obligación de enviar al Congreso Nacional dentro de un año desde su publicación, uno o más proyectos de ley por medio de los cuales se cree el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.


Dicho mandato legal, fue cumplido durante el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera Echeñique, a través de la ex Ministra del Medio Ambiente María Ignacia Benítez, con fecha 1 de marzo de 2011, que ingresó a tramitación un proyecto de ley denominado: “Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas”.


Dicho proyecto ley, cuyos alcances generales y particulares se conocieron una vez que se ingresó a tramitación al Congreso Nacional, no experimentó avance en su tramitación legislativa durante más de dos años de sesiones en las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y Agricultura del Senado.


Por esta razón, nuestro gobierno, tomó la decisión de incorporar dentro de su programa, el compromiso de “completar la reforma ambiental iniciada en el período 2006-2010, dando cumplimiento a la ley que creó el Ministerio del Medio Ambiente, tramitando el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que definirá las categorías de protección y establecerá los rangos de prohibiciones y limitaciones de actividades para cada una de ellas, fortaleciendo la protección de la biodiversidad, que no sólo se restringe a las áreas protegidas”.


En tal sentido, nos pareció que lo adecuado era incorporar dentro los 100 primeros días de nuestro gobierno esta medida como un compromiso verificable por parte de la ciudadanía y especialmente de las organizaciones no gubernamentales ambientales,...

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