Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. - Proyectos de Ley - Iniciativas legislativas - VLEX 914513153

Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.

Fecha03 Julio 2008
Fecha de registro03 Julio 2008
Número de Iniciativa5947-12
EtapaTramitación terminada Ley N° 20.417 (Diario Oficial del 26/01/2010)
MateriaSERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Cámara Legislativa de OrigenMensaje,Cámara de Diputados
Tipo de proyectoProyecto de ley
MENSAJE



MENSAJE DE S.E. la Presidenta DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE CREA EL MINISTERIO, el servicio de evaluación ambiental Y LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE.

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SANTIAGO, 5 de junio de 2008







MENSAJE 352-356/









Honorable Cámara de Diputados:

A S.E. EL

PRESIDENTE

DE LA H.

CAMARA DE

DIPUTADOS.

En virtud de mis atribuciones constitucionales, tengo el honor de someter a consideración del H. Congreso Nacional, un proyecto de ley que crea el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental
  1. El cumplimiento de un compromiso.

Como señalé en mi programa de Gobierno, era necesario iniciar una nueva etapa en nuestra política ambiental, de manera de modernizar el actual sistema y garantizar adecuadamente los derechos de todos los ciudadanos.

Propusimos al país la necesidad de la creación de un Ministerio del Medio Ambiente y una Superintendencia de Fiscalización Ambiental. Con tal objeto, y como primer paso, creamos el cargo de Ministro Presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, lo que llevó en marzo de 2007 al nombramiento de la primera Ministra del Medio Ambiente en nuestro país.

La ley Nº 20.173, que creó el cargo de Ministro Presidente de la CONAMA, indicó expresamente, luego de un acuerdo con la Honorable Cámara de Diputados, que correspondería al primer Ministro designado, en ejercicio de sus funciones propias y dentro del ámbito de sus competencias, formular y presentar al Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, una propuesta de rediseño de la institucionalidad ambiental.

Mediante este acto damos cumplimento al compromiso que adquiriéramos en la tramitación de la precitada ley, de dar inicio a la tramitación legislativa de estos proyectos antes que finalizara el primer semestre del año 2008.

  1. Por qué es necesario preocuparse de las instituciones.

No pocos consideran que la creación de instituciones públicas promueve burocracia y puede generar incertidumbre al modificar las condiciones de funcionamiento de las actividades económicas.

Dichas afirmaciones encierran un desconocimiento de la utilidad de las instituciones las que, precisamente, buscan evitar esos riesgos.

No puede haber reforma del Estado sin avanzar en la reforma de sus instituciones. En efecto, el marco institucional entrega las reglas del juego en una sociedad, al estructurar incentivos para promover las conductas deseadas y al establecer el ordenamiento de deberes y derechos, reduciendo así la incertidumbre para las actividades que se desarrollan en la sociedad. La importancia de la eficiencia de las instituciones públicas, estriba en el impacto que tiene en el desempeño económico, pero también en el goce de libertades públicas y en la resolución de las inequidades.

Lo que nos interesa es crear instituciones públicas para cautelar derechos, libertades y bienes públicos, sujetas a presupuestos específicos que condicione el actuar e impongan eficiencia, de manera de promover resultados apreciados por los ciudadanos y potencialmente exigibles frente a su incumplimiento.

Así, al momento de reflexionar sobre la institucionalidad ambiental, lo que buscamos fue tratar de resolver la adecuada integración legal entre información e incentivos para los sujetos que ejercen sus derechos y los que imponen sus potestades públicas.

Las decisiones de intervención estatal requieren, entonces, no sólo de buenas razones para realizar su actividad, sino que también de que las decisiones de intervención sean las adecuadas.

De manera que no es indiferente no sólo qué instituciones tenemos, sino también cómo las diseñamos, qué personas están a cargo, qué incentivos diseña el sistema legal para el ejercicio de competencias y qué mecanismos de control desarrollamos para evitar comportamientos oportunistas.

Son estos criterios básicos en el diseño de sistemas institucionales modernos los que hemos tenido en cuenta al momento de enfrentar este rediseño de la institucionalidad ambiental.

Pero nuestro objetivo, no es sólo la creación de nuevos entes públicos; se trata ante todo de modernizar las instituciones y la gestión ambiental, instalando un nuevo modelo de gestión pública: moderno, ágil, eficiente y sujeto a rendición de cuentas.

  1. Nuestro desempeño ambiental y los desafíos que enfrentaremos.

Este proyecto de ley ha sido preparado considerando toda la experiencia previa de nuestro país, así como el conjunto de evaluaciones nacionales e internacionales a las cuales nos hemos sometido en los últimos años. Ellas nos han demostrado que hemos cumplido nuestras obligaciones en forma adecuada, pero que es indispensable avanzar sustantivamente.

Los nuevos desafíos a los que el mundo se verá enfrentado en los próximos años, muchos de los cuales ya están presentes entre nosotros, son el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la escasez de agua, la contaminación y la calidad de vida en las ciudades. No actuar hoy, tendrá efectos significativos en nuestro desarrollo económico futuro, pero además en la calidad de vida de nuestros habitantes.

Por otra parte, nuestras cifras sostenidas de crecimiento pueden verse afectadas en el futuro si no abordamos el desafío de la sustentabilidad. Un crecimiento no sustentable trae ventajas de corto plazo, pero afecta la estabilidad del bienestar de las personas y sus familias en el largo plazo. Los cambios que tenga el medio ambiente pueden producir efectos importantes en los recursos naturales, al igual que en los activos financieros, materiales y humanos. De este modo, no existe nadie en nuestro país que pueda sentirse al margen legítimamente de lo que suceda con nuestros activos ambientales, pues todos, cualquiera sea nuestro nivel de ingreso, dependemos de ellos. Asimismo, somos todos responsables de su protección.

El ingreso de Chile a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, exigirá en esta materia el sometimiento permanente a escrutinio público de la idoneidad de nuestras políticas ambientales, lo que nos obligará a actuar con seriedad y con criterios de eficiencia y calidad en nuestra gestión ambiental. Esto ya tiene una manifestación concreta en las 52 recomendaciones emanadas de la OCDE, como resultado de la evaluación de desempeño ambiental que le hicieran a nuestro país en el año 2005. Pertenecer a la OCDE impondrá en materia ambiental un elevado estándar a nuestras políticas públicas y a la calidad de nuestro crecimiento. Sólo para tener como referencia, en la precitada organización Medio Ambiente es el sector con mayor número de actos e instrumentos a los cuales los países miembros deben dar respuesta. Estos actos, denominados Decisiones y Recomendaciones -representan alrededor del 20% del total de actos de la organización- y es Medio Ambiente el área que cuenta con el mayor número de comités operativos, dada la cantidad de temas específicos identificados como relevantes por esta organización.

Pero no basta con diseñar instituciones, racionalizar competencias de la administración y hacer más eficiente la fiscalización, si esto no va acompañado de la exigencia de una nueva política ambiental. La política ambiental vigente data de 1998, y en una década el país y nuestra situación en esta materia han cambiado significativamente. Es necesario avanzar en una nueva política ambiental, pero bajo nuestras actuales condiciones, ésta debe basarse en el eje de la equidad.

Pero ¿por qué trabajar una política ambiental sobre la base de la equidad ambiental? Estamos convencidos que nuestro país está en situación de aspirar a que todas las personas tengan derecho a acceder a condiciones de calidad ambiental adecuadas, disminuyendo los riesgos ambientales entre diversos grupos. Manifestaciones de situaciones de inequidad son, por ejemplo, la mayor incidencia de la contaminación ambiental en segmentos de menores ingresos, la exposición a agroquímicos de los trabajadores temporeros agrícolas, los...

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