Crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas, y modifica diversos cuerpos legales.
| Fecha | 16 Junio 2006 |
| Número de Iniciativa | 4248-06 |
| Fecha de registro | 16 Junio 2006 |
| Etapa | Tramitación terminada Ley Nº 20.502 (Diario Oficial del 21/02/2011) |
| Materia | MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, NARCOTRÁFICO, SEGURIDAD CIUDADANA, SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGAS, TRÁFICO DE DROGAS, USO DE DROGAS |
| Tipo de proyecto | Proyecto de ley |
| Cámara Legislativa de Origen | Senado,Mensaje |
MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE CREA EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGAS, Y MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES.
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SANTIAGO, junio 15 de 2006.-
MENSAJE Nº 161-354/
Honorable Senado:
A S.E. EL
PRESIDENTE
DEL H.
SENADO.
- FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.
Los problemas relacionados con la seguridad pública, desde hace ya varios años, ocupan un lugar destacado entre las preocupaciones de la opinión pública. Ello se debe, entre otros factores, al aumento de algunos delitos violentos —sobre todo robos—, a la mayor cobertura que los medios de comunicación dan a los delitos, a un cambio de comportamiento de la delincuencia organizada y a una mayor implantación social en ciertos barrios urbanos de la redes de narcotráfico.
Esta preocupación ciudadana ha contribuido a los profundos cambios que los Gobiernos de la Concertación han promovido tanto en algunos aspectos sustanciales de la legislación penal, como en el sistema procesal penal, en los planes y programas de las policías y en la política de prevención y control de la delincuencia. Cabe destacar que actualmente se encuentra en elaboración un proyecto de nuevo Código Penal que actualiza y armoniza este importante cuerpo legal con la situación actual del país.
No obstante lo anterior, en el país se advierte la necesidad que exista una autoridad al más alto nivel gubernamental que tenga la seguridad pública como responsabilidad exclusiva o principal. Durante la discusión parlamentaria de las reformas constitucionales que fueron aprobadas en el año 2005, se suscitó el debate sobre cual debería ser la mejor forma para organizar las tareas de seguridad pública, visto que la situación presente en que Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones dependen del Ministerio de Defensa pero realizan sus funciones bajo la dirección del Ministerio del Interior, no asegura que ello se pueda alcanzar.
El Gobierno de entonces y los parlamentarios concordaron que la mejor solución sería la creación de un Ministerio de Seguridad Pública del cual dependieran los cuerpos policiales, y así en definitiva se estableció en el artículo 101 y en el artículo 17 transitorio de la Constitución Política del Estado.
Esta idea fue recogida por el Programa de Gobierno que propuse al país. Me comprometí a presentar el proyecto de ley correspondiente dentro de los primeros 100 días de mi mandato.
Para el estudio y elaboración de esta iniciativa instruí la formación de un grupo de trabajo especial en el Ministerio del Interior, cuyo trabajo se encuentra contenido en esta propuesta.
- La seguridad Pública.
En estos últimos años la demanda por seguridad ha crecido. La gente quiere estar al resguardo de los riesgos que son evitables, que el Estado y la comunidad les brinden protección y que en caso de sufrir un delito, la policía y los tribunales actúen con prontitud y eficacia para individualizar al responsable y aplicarle la sanción que establece la ley.
Es importante que la respuesta a la demanda de seguridad sea bien concebida en una sociedad democrática para que se eviten soluciones fáciles, sólo aparentes, que puedan debilitar los valores y principios que le sirven de fundamento.
Debe haber un equilibrio entre prevención y sanción, y ésta sólo puede aplicarse luego de un proceso judicial justo y llevarse a cabo en condiciones que permitan la rehabilitación del delincuente. Por eso, el país ha dado un gran paso cuando ha transformado su sistema de justicia penal. La restricción o pérdida de libertad se justifica sobre todo en casos de peligrosidad social del delincuente o cuando existen bandas delictivas organizadas. Pero hay muchas otras circunstancias que exigirían sanciones diferentes.
La seguridad pública procura disminuir la amenaza de la violencia, en especial la que da origen a conductas penalmente sancionadas por la ley. Este tipo de violencia atenta contra la integridad física y síquica de las personas o su patrimonio o los bienes colectivos de la sociedad, y puede asumir múltiples formas desde la violencia doméstica hasta el actuar del crimen organizado con dimensiones internacionales.
La importancia de la seguridad pública es que protege la existencia de condiciones básicas y garantías mínimas para el desarrollo humano; estamos hablando de un núcleo vital que debe ser resguardado para que sea posible el ejercicio de la libertad y de los derechos, y la sociedad pueda funcionar normalmente. Lo que permite vivir a las personas sin caer en el temor, es la conciencia de que cuentan con garantías suficientes frente al riesgo y la amenaza; saber que los derechos no pueden ser fácilmente atropellados y que en caso de que alguno sea vulnerado, se pueda recurrir a servicios policiales y judiciales para que termine la amenaza o se repare el daño y se sancione al culpable.
Para lograrlo es fundamental que el Estado cumpla a cabalidad con su deber de brindar protección y que los habitantes cuenten con la capacidad suficiente para colaborar y participar activamente en las tareas de seguridad.
La seguridad pública apunta a la tutela de un conjunto básico de derechos de las personas o de bienes esenciales de la sociedad, como la vida, la integridad física y síquica, la libertad y los derechos del fuero personal o las condiciones de buen funcionamiento de la sociedad. Podemos decir que si bien la seguridad pública se puede distinguir conceptualmente del orden público, hay una parte sustancial de éste que la ley penal tutela, y que pasa a formar parte, por esa virtud, de la seguridad de la sociedad.
Como consecuencia de lo expresado, surge la necesidad de contar con una concepción moderna de la seguridad pública que pueda servir de marco para el funcionamiento del nuevo Ministerio.
- Una Política de Seguridad Pública.
Todo lo anterior vuelve imperioso dar un salto de calidad en la elaboración y puesta en práctica de la política de seguridad pública. Hemos definido una estrategia en esta materia con la participación de las principales organizaciones académicas especializadas. Su enfoque, principios y metas siguen plenamente vigentes.
Sin embargo, es preciso revisar los planes, programas y acciones que en esa estrategia se inspiran, y crear mecanismos institucionales más eficaces para llevarlos a la práctica en todo el territorio nacional.
Al emprender esta tarea, el nuevo Ministerio de Seguridad Pública tendrá que tener en cuenta la información acumulada sobre victimización, es decir, la ocurrencia efectiva de los delitos, y la percepción ciudadana de inseguridad entendida como la probabilidad que se estime ocurra algún delito. Se trata de la amenaza real y de la amenaza subjetiva, ambas esenciales para diseñar y llevar a la práctica cualquier política pública en este campo. Existen diversos indicadores para medir los dos aspectos de la delincuencia y está en curso una revisión de los mismos para tener una información más precisa y confiable disminuyendo la cifra negra de los delitos no denunciados.
La política de seguridad pública debe procurar incrementar la capacidad de las personas para prevenir las amenazas, hacer uso de los recursos policiales y legales, y reponerse cuando han sufrido violencia o despojo. La seguridad depende de la confianza que la población tenga en el buen funcionamiento de las instituciones, de la prontitud con que ellas brinden protección, con el acceso efectivo a la justicia, con la existencia de redes comunitarias para hacer frente a las amenazas, con la información disponible sobre los delitos de tal manera que el comportamiento se pueda ajustar a las circunstancias, con las oportunidades de educación, trabajo y recreación, con el actuar eficaz de las policías.
La política de seguridad pública debe aumentar las condiciones de seguridad de la población mediante una más adecuada prevención y protección frente a la delincuencia. En una sociedad democrática y bien organizada hay que lograr un equilibrio entre la acción del...
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