Coordinación en la persecución penal - 18 de Febrero de 2018 - El Mercurio - Noticias - VLEX 703338625
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Coordinación en la persecución penal

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Vincent

Las pruebas presentadas para fundamentar las formalizaciones iniciales de la Operación Huracán y las consiguientes acusaciones de manipulación de las mismas han dado lugar a una cascada de eventos aún en desarrollo, que incluso han puesto en duda la forma como se han llevado otros procesos judiciales. De manera dramática se han revelado los problemas de que adolece el funcionamiento de la institucionalidad vigente, tanto para pesquisar como para luego formalizar y juzgar la actuación de grupos que desafían la convivencia nacional.

Toda la magnitud de estos sucesos es todavía difícil de dimensionar, pero no es exagerado considerar ya esta crisis como la más grave desde el inicio de la reforma procesal penal. La inusitada diferencia entre el Ministerio Público y Carabineros, resultante de la manera en que este último obtuvo la información para formalizar a los sospechosos, y la facilidad con que el primero se desistió de avanzar en la investigación han llevado al Gobierno a entablar una querella por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público. Por otra parte, la ciudadanía ha mirado atónita cómo el Ministerio Público y el Ejecutivo han entrado en un cruce de declaraciones en que el primero acusa al segundo de negligente, y este último, de tomar decisiones que en la práctica han "significado un grave entorpecimiento a la correcta administración de justicia". Mientras tanto, en la madrugada del viernes tres atentados dejan 25 camiones quemados en uno de los mayores ataques en la zona sur de los últimos años, situación que en palabras del senador Harboe "era absolutamente previsible".

Frente a estos hechos, más allá de una reunión puntual con las policías como reacción a un atentado, se requiere que el Ejecutivo, respetando la autonomía de los diversos órganos, lidere la coordinación de las instituciones encargadas de la persecución penal. Quizás la mejor alternativa sea convocar de forma extraordinaria a la Comisión Coordinadora del Sistema Procesal Penal, una comisión del más alto nivel, presidida por el ministro de Justicia, pero de cuyo funcionamiento nada se sabe hace bastante tiempo. La seguridad amerita la existencia de una agenda de trabajo concreta, que se extienda en el tiempo, destinada a recuperar las confianzas, detectar los problemas y mejorar la coordinación, cuyos avances es necesario dar a conocer a la ciudadanía.

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