Controlador de CruzBlanca amplía reclamación internacional contra el Estado chileno por reajuste de precios de los planes
La última resolución de la Superintendencia de Salud, emitida el jueves 15 de septiembre, fue la gota que rebasó el vaso para las isapres. Tras el fallo de la Corte Suprema, que ordenó la realización de un nuevo proceso de fijación de precios, el regulador de salud definió un alza máxima de 7,6% de reajuste en los planes de las aseguradoras para el período 2022-2023, pero fijó escalas de incremento, que van desde ese máximo a solo un 1,4%, dependiendo de cada aseguradora. Para CruzBlanca, controlada por la británica Bupa, el alza permitida fue de 4,3%."La resolución de la Superintendencia agudiza la incertidumbre jurídica y compromete aún más la viabilidad de las isapres, amenazando el funcionamiento de toda la cadena dependiente del aseguramiento privado, con efectos incalculables sobre los afiliados y sus familias, clínicas, hospitales y centros de salud (...). Ni siquiera el límite de 7,6% máximo de reajuste establecido por el regulador es suficiente para resolver el problema de fondo de la industria y hacer frente al incremento de costos reales durante los últimos años, marcados por la judicialización, el aumento de licencias médicas y el congelamiento de precios", dijo CruzBlanca tras conocer la resolución del regulador.Pero el reclamo de la isapre no se quedó solo en esa declaración pública. Frente a lo que considera como un delicado escenario de viabilidad financiera, producto de factores regulatorios y jurídicos que la empresa considera externos a su operación, y que le han impedido reajustar los planes desde 2020 para hacer frente al incremento de costos reales, su compañía controladora decidió activar una nueva ofensiva internacional contra el Estado chileno por el reajuste de los precios de los planes de salud, amparándose en el mecanismo de solución de controversias contemplado en el Acuerdo de Protección y Promoción de Inversiones celebrado entre Chile y Reino Unido.Fue este jueves 22 de septiembre, revelan fuentes bien informadas, que el controlador de CruzBlanca envió un nuevo requerimiento a la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, del Ministerio de Relaciones Exteriores, con lo cual solicitó el inicio de una instancia de negociación amistosa con la Cancillería.Consultada oficialmente la empresa por "El Mercurio", el abogado Rodrigo Díaz de Valdés, socio del estudio Baker & McKenzie, quien patrocina la reclamación, confirmó lo sucedido. "Efectivamente, se adoptó por el controlador de CruzBlanca la decisión de activar los mecanismos de solución de conflictos contemplados en el Acuerdo de Protección y Promoción de Inversiones, celebrado con el Reino Unido, teniendo...
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