Contraloría restringe ejercicio profesional de abogados del sector público e incluye a profesores de universidades estatales - 24 de Mayo de 2019 - El Mercurio - Noticias - VLEX 786134029
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Contraloría restringe ejercicio profesional de abogados del sector público e incluye a profesores de universidades estatales

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Vincent

Todo partió por una petición del exdecano de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, a la Contraloría General de la República. Quería saber si a los profesores que se desempeñan en las clínicas jurídicas les era aplicable la prohibición para litigar contra los intereses del Estado, si se puede afectar su patrimonio, que establece la Ley de Bases Generales de Administración del Estado (Lbgae) y en la que aprueba el Estatuto Administrativo.Quien encabeza el órgano contralor, Jorge Bermúdez, respondió la pregunta y decidió cambiar el criterio que se había venido aplicando para los abogados que trabajan en organismos públicos, incluidos los que hacen clases en universidades estatales, como las universidades de Chile, de Santiago, Valparaíso, Talca, entre otras.El pronunciamiento tuvo reacciones en el mundo académico y también en el gremial.Cecily Halpern, vicedecana de Derecho de la U. de Santiago y abogada integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, dice que hubo sorpresa entre los profesores, porque "de la lectura del dictamen se ve que la consulta que se le hizo al contralor fue específica, relacionada con los cursos de Enseñanza Clínica del Derecho que imparten las universidades"; sin embargo, "el dictamen se extiende, en su parte final, a materias que no lo fueron (consultadas) y que eventualmente pueden ser fuente de controversias de relevancia".Más crítico fue el abogado y profesor de Derecho Penal de la U. de Chile, Gonzalo Medina: "No parece razonable el cambio de criterio de la Contraloría General de la República, considerando que el sentido de la prohibición -como restringido a asuntos que pudieran comprometer el interés patrimonial estatal- era algo no solo establecido por la propia Contraloría, sino también por el Congreso". Y, advirtió además, espera que "esta arbitraria interpretación sea revertida por la propia entidad, dado que no tiene fundamento jurídico plausible".Desde el órgano contralor explicaron que el cambio de doctrina responde a que la Lbgae, así como el Estatuto Administrativo "fueron dictados e interpretados tradicionalmente en un contexto normativo e institucional completamente distinto al actual. Hoy, el principio de probidad es central, ya que busca evitar el conflicto de interés y las inhabilidades de los funcionarios públicos".Empuja a irse a planteles privadosEl profesor de Derecho Procesal de la U. de Chile, Julián López, expresa sus reparos y advierte los alcances del dictamen. Primero...

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