Contraloría afirma que protocolo de objeción de conciencia del Gobierno no se ajusta a derecho y se deberá rehacer
Una semana después de la interpelación al ministro de Salud, Emilio Santelices, y cuando el Gobierno pretendía dejar atrás el episodio en el cual se cuestionó el cambio que este realizó al protocolo de objeción de conciencia de la Ley de Aborto, la Contraloría emitió ayer un dictamen que echó por tierra los planes del Ejecutivo. Más aún, se reavivaron las voces entre la oposición que piden la renuncia del secretario de Estado.
El pronunciamiento del organismo de control se originó a raíz de las distintas peticiones hechas por senadores y diputados de la ex Nueva Mayoría, el Frente Amplio e independientes, y trabajadores del sector agrupados en la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss). Y su conclusión es que el documento que redactó la administración actual "no se ajusta a derecho" y que la autoridad "deberá adoptar las medidas necesarias a fin de dejar sin efecto la resolución".
Los argumentos
En enero, el gobierno de Michelle Bachelet elaboró el protocolo que exige la Ley de Despenalización del Aborto sobre la objeción de conciencia, es decir, acerca de la forma en que se debe manifestar el rechazo a interrumpir embarazos.
En ese texto se establecía que "los establecimientos públicos de salud, así como aquellos privados que se encuentren adscritos al Sistema Nacional de Servicios de Salud mediante la celebración de convenios a los que se refiere el Decreto con Fuerza de Ley 36 (DFL 36) de 1980, no pueden invocar objeción de conciencia, en la medida en que el objeto de dichos convenios contemple prestaciones de obstetricia y ginecología".
Pero a 12 días de haber asumido el actual Gobierno, el Ministerio de Salud decidió derogar el anterior protocolo y hacer uno nuevo, en el cual, entre otros cambios, no figuraba el párrafo anterior. Con ello, se permitió que los establecimientos privados que mantengan convenios con el Estado puedan declarar objeción de conciencia.
La razón que dio Santelices entonces, y que reiteró en la interpelación, fue que si se mantenía el impedimento de objeción de conciencia para los centros privados que mantuvieran convenios con el Estado, estos optarían por poner fin a esos contratos. Según el ministro, si eso ocurría se dejarían de hacer 1.195.000 prestaciones al año a pacientes del sector público y los hospitales de San Bernardo y Panguipulli cerrarían.
Sin embargo, el dictamen de la Contraloría afirma que los recintos de salud privados que celebran convenios con...
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