Contraloría acredita anomalías en contrataciones y remuneraciones en la CAJ
La indagatoria administrativa se inició, tal como lo adelantó "El Mercurio" en febrero pasado, tras una denuncia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y de los Funcionarios y Profesionales de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana (Anfunpro). El gremio, además del tema de las contrataciones, cuestionaba el déficit fiscal de más de $2 mil millones que se produjo por las nuevas contrataciones.
Este último punto fue el único que desechó la Contraloría.
Según el informe final de 50 páginas, en el año 2015 se produjo en la CAJ de la Región Metropolitana una falta de disponibilidad de recursos para cubrir gastos en personal, producto de una serie de medidas adoptadas por anteriores administraciones, en el marco de un proceso estructural institucional que no estaba contemplado en el presupuesto asignado a la corporación. "Sin embargo, en definitiva, no se originó un déficit presupuestario, por cuanto, a fines del mismo período, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aumentó el presupuesto de esa repartición", dice la Contraloría.
El resto de las observaciones en contra de Soto relativas al proceso de "normalización institucional sin contar con los recursos aprobados formalmente para ello", se mantuvieron porque el actual subsecretario general de Gobierno no desvirtúa en sus descargos estos hechos, pues "conocía el marco presupuestario al cual debía ajustarse su administración". Esto pese a que informó a Justicia de los cambios y las contrataciones, cartera que no aprobó estas modificaciones.
Otras de las conclusiones de la Contraloría es que la CAJ de la RM "no cumplió con su normativa interna en materia de recursos humanos, en lo referido al procedimiento de contratación, fijación de remuneraciones y control presupuestario, debiendo en lo sucesivo velar por su estricto acatamiento".
Según el organismo, durante la gestión de Soto se "vulneró el principio de legalidad del gasto consagrado en los artículo 6, 7 y 100 de la Constitución".
Agregan que también hay una vulneración a los principios de control, eficiencia y eficacia de la ley N°18.575 Orgánica de Bases Generales de la Administración de Estado; y que Soto no aportó evidencia sobre "estudios de costos financieros que implicaba nivelar remuneraciones, reponer cargos de jefaturas, reforzar equipos de trabajo a nivel de centro de nuevas contrataciones".
Sobre la modificación de la estructura orgánica de la CAJ se determinó que, desde diciembre de 2014...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba