El consentimiento: un error costoso - 22 de Febrero de 2022 - El Mercurio - Noticias - VLEX 897097891

El consentimiento: un error costoso

La Convención aprobó que la nueva Constitución incluya el consentimiento de los pueblos originarios en aquellas materias que puedan afectar sus derechos reconocidos en la Constitución. Esto supone elevar el actual estándar definido en el Convenio 169 de la OIT y que, cabe recordarlo, compromete al país con la obligación de consultarlos en dichas materias. Ese proceso ha demostrado ser, desde su vigencia, muy complejo de implementar y, en algunas ocasiones, ha vuelto enormemente costoso el desarrollo de diversas iniciativas que son estimadas beneficiosas para el país y también para comunidades específicas. El engorro involucrado en la aplicación de este Convenio ha sido ampliamente reconocido en diversas latitudes, al grado de que países que son reconocidos como modelos en políticas indígenas, como Nueva Zelandia, Canadá y Australia, no lo han ratificado.En este sentido, la disposición adoptada por la Convención elevará enormemente los costos de transacción de todo proceso que pueda afectar los derechos indígenas. En general, en estas materias rara vez hay efectivamente derechos afectados, pero la sola eventualidad obliga a acordar un proceso. Por ello, formas de consulta, más allá de las complicaciones que supone el Convenio 169 en particular, son mucho más apropiadas que estos consentimientos que, por lo demás, no parecen tener parangón en la experiencia comparada. Es razonable que ello sea así, porque supone que en la definición de materias que son de interés para todo el país se le entrega un poder de veto a un grupo específico. Ello atenta claramente contra la deliberación propia de una sociedad compleja que debe equilibrar, por medio de la democracia representativa, los espacios complementarios de participación y sus instituciones con el interés público de la nación.Este arreglo es una demostración más de cómo la Convención ha sido capturada por una política de identidades, donde el interés general se diluye para dar paso a consideraciones especiales hacia grupos específicos. Por cierto, faltas de reconocimiento, ausencias de respeto y carencias de igualdad política pasadas alimentan este sesgo en propuestas legales o constitucionales...

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