Consejo para la Transparencia: registro de datos personales de participantes en cabildos 'no se ajusta a normas legales'
El documento elaborado por el organismo responde a un requerimiento presentado por el Consejo Ciudadano de Observadores y a la solicitud de pronunciamiento de los diputados Nicolás Monckeberg (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI) sobre el tratamiento de datos personales recolectados en encuestas individuales, encuentros locales y, próximamente, en cabildos.
El proceso diseñado por el Ejecutivo contempla que una plataforma web recopile la inscripción de participantes de diálogos ciudadanos -con datos como nombre y apellido, RUT, teléfono y correo electrónico-, así como las actas de los encuentros locales realizados, que contienen diversas opiniones de los participantes sobre temas relativos a una reforma constitucional.
Cuestionamientos al proceso
Es precisamente respecto de ese modo de registro y tratamiento de información de los participantes del proceso que el Consejo para la Transparencia manifiesta su "preocupación".
Argumenta que dicha recolección de datos "no se ha ajustado a la observancia de los principios generales en materia de protección de datos personales y a las normas legales respectivas".
En ese sentido, sugiere establecer "mecanismos de privacidad por diseño apropiado y adoptar medidas de información, seguridad y confidencialidad previas a la implementación del proceso de recolección", atendiendo a la ley de protección de datos de carácter personal.
Sugerencias
A continuación, el organismo que preside José Luis Santa María detalla siete sugerencias para que el proceso pueda ajustarse a la ley.
Entre dichas recomendaciones estipula informar sobre las competencias específicas del Ministerio del Interior para recabar esta información y la "facultad legal de efectuar consultas públicas". El oficio especifica que ni la plataforma ni la política de privacidad explican las funciones que ejercerá el órgano público en el tratamiento de los datos recolectados.
Asimismo, cuestiona que Interior pueda, de esta manera, "mantener una base de datos" sobre la que pueda ejercer competencias incluso más allá de lo relativo al proceso constituyente.
Ante dicha inquietud es que en su segunda recomendación el consejo sugiere al Gobierno "informar los tipos de tratamientos que se efectuarán con los datos recogidos en cada formulario dentro de la política de privacidad". Al respecto, propone que aquello se restringa "estrictamente" a la tarea de recoger la opinión política de los participantes para la tarea de configurar el documento Bases Ciudadanas.
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