En el Congreso se tramitan 107 proyectos de ley que buscan suspender o postergar obligaciones de pago, mientras tasas de morosidad tienden a la normalización
La madrugada del 26 de junio recién pasado, 24 personas fueron detenidas en una fiesta clandestina organizada en una casa ubicada en la Calle del Arzobispo, en pleno corazón de Providencia. El evento ilegal, que consideraba el pago de entrada por parte de los asistentes, tuvo lugar en el segundo piso de una vivienda que está habilitada para uso residencial, mientras en el primer nivel funciona un restaurante.Los dos pisos de la casa estaban arrendados y su propietario, Juan Carlos Cheyre (77), también es dueño del restaurante Les Assassins del barrio Lastarria, el que puso en venta debido al cansancio y al impacto de la pandemia. Cheyre cuenta que desde que comenzó la cuarentena dejó de recibir el pago del arriendo por el restaurante de Calle del Arzobispo, y que hace cuatro meses sucedió lo mismo con la renta del departamento del segundo piso, la que previamente, y a pedido de sus inquilinos, él había aceptado rebajar."Yo vivo de esos dos arriendos y ahora no puedo sacar a esas personas de mi propiedad", dice Cheyre, haciendo alusión a lo lento y engorroso del procedimiento legal vigente. "Los miles de propietarios que estamos siendo víctimas de la sinvergüenzura de algunos arrendatarios que, apoyándose en la pandemia, han dejado de pagar sus rentas, sus cuentas de luz y agua, teniendo trabajos y condiciones para poder hacerlo, necesitamos justicia", reclama. Y agrega que, por ejemplo, el restaurante del primer piso nunca dejó de funcionar.El impacto de la crisis provocada por el covid-19 ha sido fuerte y generalizado en el país. Sin embargo, también es cierto que en algunas situaciones esto se ha prestado para aprovechamientos, como el que denuncia Cheyre.Según el listado de proyectos que consta en el Congreso, hay 43 leyes publicadas desde el inicio de la pandemia para apoyar a la población más vulnerable, y otros 107 proyectos de ley originados en mociones parlamentarias que han sido ingresados a trámite desde el 18 de marzo de 2020 en adelante. Estas iniciativas apuntan a diferir e incluso condonar pagos de créditos, servicios básicos, arriendos, colegiaturas y matrículas; permisos de circulación, derechos de aseo y diversos tipos de patentes, por parte de quienes han visto reducidos sus ingresos por la crisis. Otras, en tanto, apuntan a impedir la aplicación de acciones de cobro, como embargos de bienes, lanzamientos o cortes de suministro."Hay un proyecto que no permite el desalojo de quien no haya pagado los arriendos, pero resulta...
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