Conflicto MOP y Aeropuerto de Santiago: negociaciones en punto muerto, privados se alistan para artillería legal y el Ciadi asoma como opción
ebrero de 2015. Un murmullo de asombro se escuchó en el auditorio del Ministerio de Obras Públicas (MOP) cuando se abrieron las ofertas económicas para la nueva concesión del aeropuerto Arturo Merino Benítez. El consorcio franco italiano Nuevo Pudahuel -integrado por Aéroports de Paris, con el 45% de la propiedad; Vinci Airports, con otro 40%, ambos franceses, y Astaldi, firma italiana, con 15%- ofreció entregar el 77,56% de los ingresos al Estado, casi 10 puntos porcentuales arriba de su más cercano competidor. Con esa propuesta -calificada por la competencia como "temeraria"-, a partir de octubre de 2015, Nuevo Pudahuel se convirtió en el nuevo concesionario del aeropuerto de Santiago por un plazo de 20 años.Todo iba bien, hasta la llegada de la pandemia. La emergencia sanitaria desplomó los ingresos de la concesionaria, situación que activó un conflicto con el MOP, pugna que promete escalar a tribunales chilenos e incluso a un arbitraje internacional. Tan distantes están las posiciones, que ambas partes aprontan su artillería legal para enfrentar la que anticipan es una inminente nueva fase de la disputa. "Las conversaciones están en punto muerto. Esto se judicializó", confidencia una de las partes involucrada.La razón de la disputaLa concesionaria capitalina asegura que entre abril y septiembre de 2020 registró una merma de más de 90% en los ingresos, debido al cierre de las fronteras y las restricciones a la movilidad. Al operador del terminal aéreo, la pandemia lo encontró ejecutando una inversión de US$ 1.000 millones para duplicar su capacidad a 30 millones de pasajeros anuales, inversión pensada para un crecimiento de la demanda de dos dígitos.El desplome de la demanda, agregan, produjo un desequilibrio financiero y anticipan pérdidas por cerca de US$ 30 millones en todo el ejercicio 2020. En 2019, el aeropuerto recibió a 24,6 millones de pasajeros, cifra que se redujo a cerca de ocho millones en 2020. Para 2021, la firma proyecta llegar a 13 millones de viajeros y estiman que el nivel previo a la crisis se recuperará recién entre cuatro a cinco años más.Para mitigar este impacto, la concesionaria ha pedido extender el plazo del contrato de concesión, que vence en 2035, hasta que consiga recuperar la inversión del nuevo terminal que hoy construye y que debe estar listo en julio de este año. "No hemos solicitado cambiar tarifas, ni que haya una compensación en dinero por parte del Estado. Hemos solicitado, como una opción, que se extendieran los plazos, sin cambiar la tasa de coparticipación, lo que es beneficioso para el Gobierno, dada la calidad de nuestra oferta inicial. Lo que buscamos es que se reconozca el carácter excepcional de la situación y estamos abiertos a otras modalidades que proponga el Estado frente al problema del...
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