Condenan a nueve bolivianos detenidos en la frontera y se decreta su expulsión del país
Si bien se esperaba que la audiencia de ayer fuera un trámite, el ambiente se comenzó a tensionar luego que la jueza del Tribunal de Garantía de Pozo Almonte, Isabel Peña, anunciara que a petición de la defensa debía leer las 46 páginas del fallo, el que cotidianamente solo es resumido por los magistrados.
La lectura tardó más de una hora, ante una sala de audiencias repleta de medios nacionales e internacionales. Tras describir los acontecimientos, admitidos por ambas partes, como requisito para el juicio abreviado y luego de varios vasos de agua y Coca-Cola, la magistrada comenzó la argumentación de su fallo, donde desestimó el argumento de los defensores bolivianos Claudio Vila y Manuel Choque.
Lo primero que desestimó fue que los imputados desconocieran que estuvieran en territorio chileno, "ya que al ser funcionarios especializados en la lucha contra el contrabando, como ellos declaran, es incomprensible que no tuvieran equipos GPS profesionales". También descartó que el hecho de ser funcionarios públicos los validara en Chile y que "la legislación boliviana faculte a no detener", en caso de un delito flagrante de contrabando, como había argumentado la defensa, respecto de los hechos ocurridos la mañana del 19 de marzo pasado.
Así, condenó a los nueve imputados por el delito de robo con violencia e intimidación, con una pena de 3 años y 1 día de presidio, ante la mirada desconcertada de todos los funcionarios de la Aduana boliviana y los gestos de molestia de los dos militares.
Al mismo tiempo se les condenó por el delito de contrabando, por el cual deberán pagar una multa por el valor comercial de la mercancía, en este caso de las dos camionetas 4x4 en las que ingresaron en forma ilícita al país, equivalente a $32.176.272.
En el caso de los militares -el capitán boliviano Álex Carvajal y el suboficial Carlos Calle- a esos dos delitos se les sumó el de porte ilegal de arma de fuego, por el que recibieron una pena adicional de 3 años y un día.
Tanto aduaneros como militares, debido a que las penas no se suman entre sí, accedieron a la medida alternativa de expulsión del país, que había sido solicitada por la defensa y era parte del acuerdo previo entre las partes, luego que la fiscalía pidiera penas que permitían el beneficio.
La expulsión impide en el caso de los aduaneros su ingreso a Chile por 10 años, mientras que para los uniformados es el doble y en ambos casos, si la incumplen, deberán ir a prisión.
Aunque el Gobierno tenía todo...
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