Conclusión
| Autor | María Trinidad Schleyer G. |
| Cargo | Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde enero de 2018 se desempeña como investigadora del Programa Legislativo de LyD |
| Páginas | 29-29 |
Libertad y Desarrollo
a raticación de Chile de la Convención sobre los
Derechos del Niño condujo a una transformación
en la concepción del rol del Estado frente a la infan-
cia, lo que ha conducido a que hasta hoy se estén
adecuando las instituciones gubernamentales y la legisla-
ción para adaptarse a esta nueva mirada. Así fue como se
modicaron las normas sobre liación y la responsabilidad
penal de los jóvenes, se crearon nuevas instituciones como
la Subsecretaría de la Niñez, y se discute actualmente en
el Congreso un Sistema de Garantías que sirva de marco
para toda la institucionalidad de la infancia.
El aumento de las instituciones vinculadas a la infancia, si
bien es útil en cuanto permite abordar en mayor profun-
didad cada aspecto relevante de ella, genera ciertas di-
cultades que es necesario resolver, como por ejemplo, la
posible desarticulación de su actuación que podría generar
un uso inadecuado de los recursos públicos y la sobre in-
tervención en los NNA y en sus familias. Para resolver este
problema, se encomendó al Ministerio de Desarrollo Social
servir de ente rector articulador de los órganos del Estado,
por medio de dos instituciones: la Subsecretaría de la Ni-
ñez y el Comité Interministerial de Desarrollo Social de la
Niñez. Sin perjuicio de lo anterior, aún no se encuentra im-
plementada alguna forma de coordinación de aquellas ins-
tituciones locales que, desde el territorio mismo en el que
viven los niños y adolescentes, les prestan servicios. Esta
falencia fue considerada en el marco del Acuerdo Nacional
por la Infancia, donde se propuso reformar las Ocinas de
Protección de Derechos y denominarlas Ocinas Locales
de Infancia, que articularían las distintas instituciones que
trabajan con y para los NNA vulnerados y vulnerables, sus
familias y las comunidades en las que viven, aunque aún se
encuentra en desarrollo la elaboración de un piloto.
Por otro lado, el nuevo rol del Estado podría generar pre-
ocupación en torno al desplazamiento de la familia y de
la sociedad civil en el cuidado y protección de los niños.
Sin embargo, en nuestro país existe cierto consenso con
respecto a la necesidad de fortalecer a la familia, que se
ve reflejado en las funciones de sus instituciones guberna-
mentales y en los proyectos de ley que se vaticinan. Con
L
6. CONCLUSIÓN
respecto a la importancia de la sociedad civil, la situación
es un poco más confusa, en cuanto si bien se está inten-
tando potenciar la participación de las comunidades como
relevantes en la realidad del niño, se ha postulado en la
Política Nacional de la Niñez y Adolescencia 2015-2025,
formulada en el periodo presidencial de la mandataria an-
terior, que el rol de la sociedad civil es solamente scalizar
la labor del Estado, lo que desconoce el gran aporte que
históricamente ha realizado el mundo privado en la aten-
ción directa de la niñez más vulnerable. Por ello la declara-
ción que se inserta en el mensaje del proyecto de ley que
crea el Servicio de Protección de la Niñez es acertada, en
cuanto reconoce la importante labor que ha realizado la
sociedad civil en la protección de los niños, señalando que
le corresponde seguir colaborando, para lo cual se crearán
espacios de participación e innovación.
Muchos han sido los países que han compatibilizado la vi-
sión integral de los derechos del niño con el respeto a la
familia y a la sociedad civil, no pasando a llevar por ello
los principios de la Convención. Sería adecuado que Chi-
le siguiera también por esta ruta, respetando así su Car ta
Fundamental que en su artículo 1º señala que “la familia
es el núcleo fundamental de la sociedad” y que “el Estado
reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de
los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garan-
tiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios nes
especícos”.
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