Comisión de la Verdad de Brasil pide anular amnistía y juzgar crímenes de la dictadura
Emocionada, la Presidenta brasileña, Dilma Rousseff, recibió el informe final de la Comisión de la Verdad (CNV), que investigó las violaciones de derechos humanos durante la última dictadura militar (1964-1985) y que recomendó en sus conclusiones anular la amnistía que desde 1979 ampara tanto a los represores como a los miembros de las organizaciones guerrilleras que actuaron en el país.
En dos años y siete meses de trabajo, la comisión registró 434 muertos o desaparecidos comprobados, víctimas políticas directas durante los denominados "años de plomo". "Esos números no corresponden al total de muertos y desaparecidos. Son solo los casos cuya comprobación fue posible en función del trabajo realizado y a pesar de los obstáculos en la investigación, en especial la falta de acceso a la documentación producida por las Fuerzas Armadas, oficialmente dada como destruida", señaló la CNV en las conclusiones de su informe final entregado ayer a Rousseff.
"En la dictadura militar, la represión y la eliminación de opositores políticos se convirtieron en una política de Estado, ideada e implementada en base a decisiones emanadas de la Presidencia de la República y de los ministerios militares", afirma el informe, de 4.400 páginas, que rechaza los argumentos de las FF.AA. según los que esas prácticas eran "actos aislados". "Esta política de Estado movilizó a agentes públicos para la práctica sistemática de detenciones ilegales y arbitrarias y de tortura, que se abatió sobre miles de brasileños, y para la práctica de desapariciones forzosas, asesinatos y ocultación de cadáveres", agrega.
La CNV identificó 230 locales en todo Brasil donde se perpetraban violaciones a los derechos humanos, así como a 377 agentes responsables de crímenes. El informe señala en ese apartado a ocho militares que ejercieron como presidentes durante la dictadura -todos ya fallecidos- desde Humberto de Alencar Castelo Branco (1964-1967) hasta Joao Baptista de Oliveira Figueiredo (1979-1985), así como a ex ministros y jefes militares.
Sin embargo, los acusados que aún viven -se estima que unos 200 de la lista- no pueden ser llevados a tribunales debido a una Ley de Amnistía dictada en 1979 por el propio régimen, cuya constitucionalidad fue ratificada hace cuatro años por el Tribunal Supremo.
Rousseff, cuyo gobierno ha manifestado "respeto" por esa decisión del Supremo, afirmó que Brasil reconquistó la democracia "a su manera, por medio de luchas duras y sacrificios irreparables"...
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