La comisión Valech II se instala en la agenda del juez Mario Carroza
El año 2010 marcó parte del camino de las causas por violaciones a los derechos humanos registradas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Fueron más de mil querellas que presentaron familiares de ejecutados políticos. Nunca antes se había generado una presentación masiva de este tipo y, por ende, la Corte Suprema tuvo que determinar cómo y quiénes iban a dirigir los casos. Así, se creó un sistema de trabajo: un grupo de magistrados con dedicación exclusiva, se decretaron mejoras en la infraestructura y se reforzó el personal de apoyo. Todo para sacar adelante la carga de trabajo que se vio incrementada rápidamente.
Uno de estos jueces es Mario Carroza, quien actualmente tiene su oficina en el cuarto piso de los desaparecidos juzgados del crimen de Morandé con Compañía. Día a día con su equipo de actuarios toma declaración a testigos e inculpados. Los cientos expedientes ya son parte del paisaje del tribunal.
Sin embargo, una denuncia ingresada al tribunal el 12 de marzo podría cambiar el actual escenario. A las 13.45 horas, un día después de que la ex Presidenta Michelle Bachelet abandonara el cargo, llegó una acción judicial firmada Lorena Fries en su calidad de ex subsecretaria de DD.HH. del pasado gobierno. En el documento pidió investigar al juez Carroza los casos de apremios ilegítimos contenidos en las comisiones Valech I y II, en las que se registran 38.254 testimonios, divididos en 28.459 y 9.795, respectivamente.
En el texto, además de relatar los tipos de torturas contenidos en los informes de las comisiones, Fries explicó la razón por la que decidió denunciar: "El marco jurídico de la presentación de esta denuncia apunta a dos cuestiones fundamentales. Por una parte, fundamentar la legitimación activa para presentarla, lo cual se basa en la obligación que pesa sobre mi autoridad de denunciar los delitos y crímenes de los que tomé conocimiento en el ejercicio de mis funciones como subsecretaria de Derechos Humanos. Por otra parte, se hará mención al delito de apremios ilegítimos como justamente el delito en cuestión vengo a denunciar".
Para esto, la ex subsecretaria invocó normas del estatuto administrativo, el Código Procesal Penal y el Código de Procedimiento Penal, cuerpos legales en donde se establece que el funcionario público está obligado a denunciar los crímenes y simple delitos. "Si bien estas víctimas producto de la calificación han tenido acceso a determinados beneficios pecuniarios, educacionales...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba