Cifra de condenados presos cae e imputados en prisión preventiva aumentan en 20%
De acuerdo con el balance, que abarca el período entre 2014 y septiembre del 2017, la cantidad de personas internadas mientras esperan la resolución de tribunales pasó de 11.907 a 14.344 casos, aunque el número de condenados a cumplir su pena en prisión disminuyó de 36.327 a 35.557 individuos durante el mismo tiempo.
La situación, explicó Rojas, significa que parte del presupuesto destinado a Gendarmería se destina al cuidado y custodia de personas cuya responsabilidad penal aún no ha sido acreditada.
"Hay que discutir cómo las penas alternativas o conjunto de mecanismos alternativos al sistema judicial tienen que empezar a funcionar. Claramente, aquí hay una reflexión (de que) la permanencia de las personas privadas de libertad de forma preventiva tiene que revisarse: en la duración y cómo el costo de eso lo asume el servicio", dijo el director.
Y agregó: "Existe una incoherencia en la medida en que buscamos mejorar el sistema persecutorio, pero no buscamos educar el sistema de reinserción social. A mayor eficacia persecutoria, mayor capacidad penitenciaria. Esa es la ecuación".
El alza de la cifra, explica el jefe del Departamento de Estudios de la Defensoría Penal Pública, Rubén Romero, se ha manifestado sostenidamente desde 2008. Esto, pese a que la tendencia internacional muestre lo contrario. "Todos estos datos justifican la preocupación que tanto la Defensoría como otros organismos han manifestado en torno al eventual uso de esta medida como pena anticipada".
De acuerdo con Romero, el 51% de los adultos en prisión preventiva en 2017 terminaron no siendo condenados a penas privativas de libertad, mientras que en adolescentes, la cifra fue del 72% en 2016.
"Lo anterior entonces no solo resulta inconsistente, sino que debe evaluarse desde la perspectiva de los innecesarios efectos criminógenos a los que se expone a las personas, el corte de sus redes laborales, familiares y sociales, así como el enorme e inútil gasto que significaron para el Estado aquellas cautelares", afirmó.
El creciente número de internos con la cautelar, afirmó el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez, implica que se "pierde la legitimidad al sistema carcelario". "El sistema penal tiene que adecuarse y entender que la prisión preventiva es algo excepcional. Todos los recursos deben ir destinados a hacer una buena imputación y formalización cuando corresponda (...) La prisión preventiva no puede transformarse en una sanción...
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