Causas ante el Tribunal Constitucional - 29 de Abril de 2015 - El Mercurio - Noticias - VLEX 568081482
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Causas ante el Tribunal Constitucional

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Vincent

Con la reforma constitucional de 2005 se introdujo la posibilidad de que cualquier particular pudiera solicitar la intervención del Tribunal Constitucional (TC) en la tramitación de un juicio que se sigue ante un tribunal ordinario. No existen límites en cuanto al tipo de procedimiento y, por lo tanto, se puede requerir al TC tanto en un juicio de arriendo como en uno de pensión alimenticia, en una causa criminal, en una gestión ante el tribunal de la competencia, en la cobranza de un cheque o en un pleito sobre deslindes. Cualquiera de las partes en el juicio puede hacerlo, y también el mismo tribunal que conoce del juicio. La intervención del TC puede ser radical, como cuando se ordena la suspensión de la tramitación de ese juicio hasta que se resuelva la cuestión constitucional. Así, los requerimientos presentados en 2014 y en lo que va del 2015 mantienen actualmente paralizadas 57 causas judiciales. En todos estos casos, alguna de las personas legitimadas ha planteado ante el TC que, si en el juicio pendiente ante el juez ordinario se aplicara una determinada ley, el resultado de esta aplicación sería contrario a la Constitución.

Tal argumentación ha sido presentada recientemente, por ejemplo, por Enrique Villanueva -el "comandante Eduardo"-, condenado por el homicidio del senador Jaime Guzmán. A juicio de su defensa, tanto las actuales leyes procesales como la nueva ley antiterrorista son más favorables que las que se le aplicaron en la condena. Como la Constitución acepta el efecto retroactivo de las leyes penales más favorables, solicita que el TC declare que la Corte de Apelaciones debería aplicarle la nueva normativa en lugar de la antigua. En el caso Tsunami, por su parte, se objeta la precisión con que la ley describe el cuasidelito de homicidio, en un precepto que se remite a la infracción de los reglamentos pertinentes. Como la Constitución exige que el legislador precise la conducta prohibida, a juicio de la defensa de uno de los acusados, ese precepto no cumpliría el estándar constitucional. Mientras esta alegación no sea resuelta por el TC, los tribunales penales no podrán agendar el juicio oral en este caso. En una de las aristas del caso La Polar, por su parte, la defensa de Pablo Alcalde impugna la regla procesal que impide deducir un cierto recurso -el de casación en la forma- contra las sentencias que...

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