Cataluña mantiene consulta soberanista del 9-N desafiando al Tribunal Constitucional
"El gobierno (catalán) mantiene el proceso participativo con todas las consecuencias", anunció ayer el portavoz de la Generalitat en Barcelona, Francesc Homs, poco después de conocerse la decisión unánime del alto tribunal de aceptar a trámite el recurso de impugnación presentado por el Ejecutivo español para el que el escrutinio es "ilegal" y no cumple con las garantías democráticas de un proceso electoral.
Esta es la segunda vez que el TC bloquea la intención de la Generalitat de llevar adelante la consulta independentista que ha prometido en reiteradas ocasiones. El nuevo proceso fue anunciado el 14 de octubre por el presidente regional, el nacionalista Artur Mas, como alternativa al referéndum consultivo sobre la independencia convocado inicialmente y suspendido también por el TC hace un mes al aceptar otro recurso de Madrid.
Pero, en esta ocasión, el Ejecutivo de Rajoy hizo algo más. Por primera vez no se limitó a pedir que la suspensión del nuevo formato de consulta fuera comunicada a Mas y publicada en los boletines oficiales del Estado y de Cataluña. El escrito de impugnación que se presentó al TC añadía que en esta ocasión se debía recordar a todos los poderes públicos -a Mas pero también a sus funcionarios- las "responsabilidades" en que pueden incurrir si ignoran la suspensión.
"Esta decisión de Rajoy se debe a las inadmisibles presiones que la Generalitat ha hecho a funcionarios y directores de institutos públicos para que colaboraran con su proceso", dijo a "El Mercurio" Cesáreo Rodríguez-Aguilera, académico de la Universidad de Barcelona.
La vicepresidenta del gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió ayer a Mas que acate la decisión y le recordó que "ningún gobernante puede decidir lo que él cumple o deja de cumplir".
Posibles delitos
El portavoz catalán también anunció ayer una demanda judicial contra el gobierno español "por atentar contra el derecho de participación, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad ideológica".
Sin embargo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, calificó de "exótico" ese recurso y confió que el presidente de la Generalitat cumpla con la decisión del Tribunal.
Porque si Mas decide, efectivamente, continuar con la consulta se arriesgaría a ser juzgado por los delitos de desobediencia, malversación y sedición, el último de los cuales podría significar una condena de hasta 15 años de cárcel.
"En teoría podría ser acusado de esos delitos. Pero no creo que Rajoy vaya a...
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