Caso Convenios: sin concursos, sin experiencia y sin garantías - 30 de Julio de 2023 - El Mercurio - Noticias - VLEX 940033956
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Caso Convenios: sin concursos, sin experiencia y sin garantías

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Vincent

¿Cómo es posible que el Ministerio de Vivienda haya otorgado 426 millones de pesos a una fundación sin experiencia ni idoneidad para las tareas convenidas, sin exigir garantías, sin concurso y transfiriendo el monto completo al firmar los convenios? Un informe de Espacio Público, publicado esta semana, se hace cargo de estas preguntas.Esta historia comienza el 2011, cuando la Ley de Presupuestos incluyó la partida "Programa Aldeas y Campamentos" para traspasar recursos desde el gobierno central a las municipalidades con el objetivo de dar soluciones a las familias en situación de campamento. Según las actas del Congreso, en los años que siguieron hubo disconformidad con la labor municipal, por lo cual se decidió abrir el programa a fundaciones privadas sin fines de lucro (se pensaba en instituciones como Un Techo para Chile). La glosa presupuestaria que permitió la participación de estas instituciones comenzó a aplicarse el 2019, año en que la iniciativa pasó a denominarse "Programa de Asentamientos Precarios". Quienes apelan al Caso Convenios para demandar un Estado más pequeño parecen ignorar que los convenios fueron parte de una estrategia que buscaba, precisamente, tener menos Estado, no más.Y fue así como, a fines de 2022, la Seremi de Antofagasta celebró tres convenios con la Fundación Democracia Viva (FDV), principalmente, para realizar diagnósticos, reuniones, entrevistas y asambleas con los habitantes de campamentos. Los primeros dos convenios también contemplaban la construcción de infraestructura de habitabilidad primaria en los campamentos.El cronograma anterior ayuda a entender por qué no existen garantías para estos convenios. Dado que en el programa de 2011 se estableció un traspaso de recursos entre entes estatales (gobierno central y municipios), no se exigieron garantías, como es habitual en estos casos. Sin embargo, cuando el 2015, el legislador incorporó la participación de privados sin fines de lucro, no tuvo en cuenta que este cambio hacía recomendable incorporar las garantías. Puede argumentarse que existen normas generales que mandatan a los jefes de servicios a velar por el buen uso de los recursos públicos, lo cual incluye exigir garantías o, al menos, hacer pagos parcelados contra avances satisfactorios en lo convenido. El hecho de que este tipo de transferencias se asignen sin un marco permanente, como parte de la Ley de Presupuesto anual, produjo vacíos generales que permitieron un funcionamiento laxo.Ahora...

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